De acuerdo con la Encuesta Nacional de Indígenas elaborada por la UNAM en 2016, la mayoría de los mexicanos encuestados (82.9 por ciento) ignora la riqueza que existe en el país al contar con una diversidad representada por 64 lenguas, además de sus derivaciones lingüísticas. Peor aún, no son capaces de mencionar el nombre de tres grupos originarios.
El estudio se midió con la percepción de los no indígenas sobre quienes sí lo son, del cual se obtuvo que México, la mayor desventaja de serlo es la discriminación, considera el 43.2 por ciento de los encuestados, junto con la marginación y la pobreza, dijo el 21.6 por ciento, y la exclusión y el analfabetismo, con 5.8 y 4.3 por ciento, respectivamente.
La mayoría reconoce que a los indígenas les va más mal, que para ellos es más difícil la vida, mientras que el 21 por ciento menciona que la mayor ventaja de serlo es que tienen tradiciones, el 28.4 por ciento no sabe, y 18.1 cree que no hay ventajas.
“Los resultados son reveladores y permiten ver qué tan poco estimado es el indígena en nuestra sociedad y cómo ello da lugar a la discriminación y el racismo”, expuso en su momento Natividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
En Oaxaca quien discrimine se castigará con cárcel
Debido a las constantes denuncias por discriminación que se realizan en los órganos defensores de derechos humanos en la entidad, los diputados de la 63 Legislatura del Estado de Oaxaca aprobaron que la discriminación sea considerada un delito y ésta sea sancionada con una pena de uno a tres años de cárcel para quien o quienes la cometan.
De acuerdo con los reportes considerados por los legisladores, las instancias que más incurren en estos actos son los propietarios de restaurantes, hoteles y comercios ubicados en zonas de mayor plusvalía en la capital.
La diputada María de Jesús Melgar Vásquez, quien propuso esta iniciativa con el cual se tipificó el delito de Discriminación en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dijo que “era urgente aprobar esta medida, pues pese a la abundante regulación y políticas públicas que existen para combatir la discriminación, las mismas han sido insuficientes”.
En tal sentido, Marichuy Melgar expuso que la discriminación es una conducta que genera violencia en contra de personas y grupos sociales minoritarios, impidiéndoles poder desarrollar su vida de forma ordinaria e integrarse a la sociedad.
Con la modificación, ahora la ley señala que a quien por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra, atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, se le impondrá de 12 meses a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y una multa de 50 a 200 días de salario mínimo.
También se sancionará a quien niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, veje o excluya a algún individuo, provoque o incite al odio o a la violencia, y al servidor público que por las razones previstas en el párrafo anterior, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
