Oaxaca es el segundo estado donde mayor número de ataques contra defensores del medio ambiente se cometieron entre junio de 2016 y diciembre de 2017, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que registró 88 casos en el país, que implicaron el asesinato de 29 activistas.
En Oaxaca, de acuerdo con el informe sobre el estado de los derechos humanos de defensores medioambientales, “la violencia y la implementación de proyectos de desarrollo, como los proyectos de energía renovable sin el respeto a los derechos humanos de las comunidades genera constantemente agresiones”.
Entre los defensores que han sido agredidas se en la entidad se encuentra Bettina Cruz Velásquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, quien en enero pasado recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al gobierno del Enrique Peña Nieto resguardar la integridad de la mujer, líder en la oposición contra proyectos eólicos en la región.
Por encima de Oaxaca se encuentra el Estado de México, con 12 registros de ataques; Puebla cuenta con ocho denuncias; Chiapas y Sonora, seis; Ciudad de México y Yucatán, cinco; Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco Michoacán, Veracruz y Zacatecas, 4.
El mayor número de agresiones lo recibieron defensores del territorio y en contra de la minería, con 17 casos cada uno; opositores a proyectos de infraestructura recibieron 14 ataques; proyectos hidroeléctricos, 8; obra hidráulica, 7. El Estado fue el mayor responsable de estas agresiones, siendo el gobierno federal el principal señalado en 57% de los casos.
El informe resalta también que a diferencia de años anteriores, 2017 se caracterizó por el incremento de la violencia en los ataques, pues los principales registros son de daños físicos, criminalización y homicidio.
El informe subraya que en 2017, incluso el relator de la ONU sobre las personas defensoras de derechos humanos señaló la situación de los derechos humanos indígenas es extremadamente preocupante y que “en estados como Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Chiapas la multiplicación de proyectos de desarrollo y el acaparamiento de tierras conducen a la escalada de conflictos”.
En 2017, sin embargo, el número de ataques fue menor al de 2016, cuando el CEMDA registró 74; en 2015 fueron 78; 2014, 89; 2013, 53; y entre 2010 y 2012.
