Luego de algunas semanas de que se inició el conflicto entre los trabajadores de los Servicios de Salud en el Estado (SSO), existen aún sectores reacios a reanudar las labores de atención a los pacientes y cumplir con su responsabilidad. Éste es el caso de quienes laboran en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, que no obstante haberse cumplido con la exigencia del ex titular, Juan Díaz Pimentel, se han empecinado en seguir las consignas del dirigente de la Subsección 07, Alberto Vásquez Sangermán, para cobrar afrentas al dirigente de la Sección 35, Mario Félix Pacheco. Y en ese ajuste de cuentas entre dos sujetos, han echado por la borda la atención a miles de pacientes que, ante la pobreza y falta de recursos, tienen que acudir a dicho nosocomio. Sin embargo, el carácter de intocables que tienen nuestros gremios en el estado, ha hecho que dichas personas anden tan campantes como siempre. No es un asunto menos jugar con la salud y la vida de los oaxaqueños. El ex efímero titular, Díaz Pimentel retornó a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin más, en tanto la problemática al interior de los trabajadores de la SSO, siguen sin tregua y con mucha cerrazón.
Las autoridades que tienen a su cargo la política interna del estado, particularmente la Secretaría General de Gobierno, deben intervenir a la brevedad posible para destrabar este conflicto entre particulares, pero cuya ascendencia entre sus respectivos gremios, ha hecho crecer un problema que no era tal. Es evidente que el dirigente de la Subsección 07, acusado de sustraer presuntamente material y equipo médico, trataría con estas maniobras de curarse en salud y evitar la acción de la justicia. Lo importante es que se restablezca el servicio para los pacientes del citado hospital que, desde primera hora, están abarrotando las entradas, sólo para toparse con una realidad cruda: por un conflicto inter-sindical, se les niega el servicio. Hay personas que vienen de comunidades alejadas del interior del estado, en busca de atención médica y un asunto que desde hace mucho debió haberse superado, continúa en un ambiente de cerrazón y empecinamiento. Ya no hay que darle más vueltas a este tema. Ya no más mesas de diálogo, ante quienes están empecinados en seguir afectando a la sociedad. Aquí debe imponerse el frío látigo de la ley y el derecho.
Instigadores de viejos conflictos
El pasado viernes, vecinos de Santo Domingo Yosoñama, en la Mixteca oaxaqueña, habrían incendiado un cerro de sus vecinos y soterrados enemigos de San Juan Mixtepec. Cuando éstos acudieron a apagar el incendio, los primeros abrieron fuego. Por fortuna no se dieron bajas en ninguno de los dos bandos. En Yosoñama tiene presencia la organización “Antorcha Campesina” y sus dirigentes han sido señalados de ser los principales instigadores de los diferendos agrarios y limítrofes. No es la primera vez que ambas comunidades velan armas. Los muertos se cuentan por centenas en años de conflicto. Y hay tanta saña en los enfrentamientos que tal parece que quienes se disparan son grupos criminales y no ciudadanos comunes y corrientes. El encono, el odio ancestral y la negativa tácita a cualesquier arreglo es alentada por los dirigentes de ciertas organizaciones, como la mencionada. En el año 2002, vecinos de Yosoñama secuestraron a una treintena de pobladores de Mixtepec. Durante 70 días los mantuvieron encerrados y hacinados en la cárcel municipal. Si bien los alimentaban, los rehenes estuvieron en condiciones deplorables, sin higiene y sin los elementos básicos de todo rehén. Lejos de aplicar la ley en un caso típico de secuestro y privación ilegal de la libertad, el gobierno del entonces ejecutivo, Ulises Ruiz, les instaló una “mesa de diálogo”. Al poco tiempo, las hostilidades se volvieron a recrudecer.
Luego de este incidente, una camioneta con vecinos de Mixtepec fue emboscada y sus ocupantes no sólo fueron acribillados sino además, incinerados. Hace poco más de un año se dio un caso similar, salvo que las víctimas fueron mujeres, cuando iban en una camioneta rumbo a Tlaxiaco. En fin. El saldo criminal que hay detrás de los diferendos entre ambas poblaciones es brutal. Pero nada ha hecho el gobierno para terminar definitivamente con esta carnicería y exterminio entre pueblos que, se supone, deberían ser hermanos. Con la superficialidad que caracteriza a algunas dependencias gubernamentales, luego salen con las famosas firmas de acuerdos de paz, sólo para la foto, habida cuenta de que para que a la semana siguiente sigan las hostilidades y enfrentamientos. Es evidente que lo que aquí ha faltado es la aplicación simple y llana de la ley. No debe haber impunidad para nadie. Aún por viejos diferendos agrarios o dificultades históricas, los que asesinen a sus vecinos deben ser consignados. Ahí está en caso de Quiechapa, en San Carlos Yautepec, cuyos vecinos no han recibido castigo.
