La postura de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, ha sido siempre estar del lado de las instituciones. No es fortuita nuestra constante crítica hacia aquellos que impunemente trastocan el Estado de Derecho y vulneran los derechos ciudadanos. En medio de este Oaxaca tan convulso y complejo, ha surgido un grave diferendo en el Poder Judicial del Estado (PJE), que pone en riesgo la propia verticalidad e institucionalidad del órgano que imparte justicia. El pasado martes se dio un hecho inédito e históricamente único, habida cuenta de que quien fuera magistrado presidente de dicho órgano, acompañado de algunos magistrados leales, exigió reasumir la presidencia. Para este efecto se hizo acompañar de notario público para que diera fe. Es importante subrayar que de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dichos magistrados no fueron legalmente designados como a quienes en su momento propuso el Ejecutivo Estatal, sino que se trató de quienes ocuparon el Tribunal Estatal Electoral (TEEO) y, al quedar cesantes, les fue creada una sala, presuntamente de asuntos indígenas, en donde despacharon en franco reto a lo que mandata la ley, que es su aprobación en el Congreso local.
Sin embargo, más allá de particularidades, especificidades o ilegalidades, es importante que los diferendos se resuelvan en el estricto marco de la ley. El principal órgano para la impartición de justicia no puede ser objeto de cismas ni, mucho menos de actos de presión. Se trata de un asunto serio que debe ser motivo de reflexión y acuerdos; de diálogo y apego a la legalidad. El presidente del citado órgano, Raúl Bolaños Cacho Guzmán ha adoptado una actitud mesurada y de tolerancia. Desde luego que lo que se ha presentado no es un tema que deba minimizarse sino adoptar una conducta de madurez, pero sobre todo de apego al derecho y a la norma establecida. En nada, absolutamente en nada contribuye a la gobernabilidad y a la exigencia ciudadana de mantener firme el Estado de Derecho, que en la propia instancia que tiene a su cargo la administración de la justicia se ponga en entredicho lo que por ley ya está establecido. Es importante que una instancia imparcial y autónoma, realice las investigaciones competentes para deslindar responsabilidades. En este conflicto, sin duda alguna, hay mar de fondo. Y hay que llegar al mismo.
Espionaje ilegal
Algunos partidos políticos han hecho nota en los últimos días al protestar por un supuesto espionaje de parte del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), hacia candidatos opositores al PRI. Los aparatos de inteligencia –y ello no es novedad- no sólo en los estados con gobiernos autoritarios y de corte fascista, sino aún en aquellos que se dicen democráticos, espían a políticos, periodistas, líderes sociales, dirigentes sindicales, etc. Lo grave es que si dichos aparatos fueran eficaces y actuaran con imparcialidad, no habría en México tantos crímenes, pues el Estado, con todo su poder, acotaría fácilmente a los grupos criminales, que han llenado de sangre el país. ¿A qué se debe que los capos de ciertos cárteles de la droga cometen verdaderas y sanguinarias masacres con sus adversarios, además de operaciones de trasiego de droga, ejecuciones, secuestros, cobros de derecho de piso, extorsiones, etc., sin que los hábiles espías se percaten de ello? Es evidente la complicidad que existe entre unos y otros. Cuando se realizan operativos conjuntos para detener a los capos o desmantelar células criminales, cuando las fuerzas policiales o castrenses llegan, ya los pájaros volaron. Y ello se debe a las ligas entre los mismos mandos y los que regentean a los citados grupos delictivos.
Los periodistas no estamos a salvo de las espías. Es común la interferencia en teléfonos móviles y fijos. La interrupción en las conversaciones. Y cómo no, tenemos en nuestros cuerpos policiales a expertos en la materia. Hay que recordar que el hoy Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, capitán de Navío, José Manuel Vera Salinas, fue sorprendido en Cancún, Quintana Roo, hace algunos años, cuando encabezada un grupo de espías que escuchaban las conversaciones de los adversarios de quien en ese entonces estaba a punto de postularse como candidato a la gubernatura: Gregorio “Greg” Sánchez. En ese sentido, vale la pena subrayar que la demanda de los dirigentes y actores de los partidos políticos –PAN y PRD- que se han sentido afectados por el aparato de inteligencia del Estado Mexicano, es legítima, en el sentido de que no es un principio de legalidad, incursionar en la privacidad de cada ciudadano, independientemente del papel que juegue en la sociedad. Se trata de un hecho que vulnera las libertades democráticas consagradas en nuestra Carta Magna.
