El sempiterno Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO), que encabeza un sujeto de nombre Fernando López Cruz, pero detrás del cual están al menos dos ex dirigentes, lleva la consigna de vaciar las magras arcas universitarias, pero además, es evidente que va en busca de un propósito político. He ahí los abusos y atropellos que cometen sus huestes cada que salen a la calle. Secuestran camiones, agreden a la ciudadanía y para hacer más ridícula su protesta, cierran el Boulevard Eduardo Vasconcelos, para presionar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), a exigirles a las autoridades de la UABJO, el cumplimiento de sus demandas. La situación económica de la universidad no es un secreto. Los medios de comunicación han difundido profusamente la labor del rector Eduardo Bautista, para tocar puertas ante las autoridades federales, los legisladores y otras instancias y buscar los mecanismos por los cuales la UABJO pueda mejorar su presupuesto y hacer frente no sólo a las exigencias de sindicatos parásitos, sino de otros factores, como el caso de las jubilaciones. Ello, por supuesto, tiene sin cuidado a López Cruz y secuaces.
De poco han servido los llamados de las autoridades universitarias ante los dirigentes de los diversos gremios para acudir a las citadas instancias y exigir un mayor presupuesto. Bautista Martínez se ha encontrado con una pared de cerrazón, de torpeza y estupidez. Los sindicatos que exprimen el presupuesto no están dispuestos en lo más mínimo a ceder en sus exigencias anuales. Ese vicio que se incubó desde hace mucho tiempo y que sigue afectando duramente la vida académica, es la revisión anual del pliego de peticiones. Cada inicio de año es la misma historia.
Por ello tanto insistimos en que nuestra universidad pública más importante del estado debe refundarse; darle un viraje a la inercia con la que ha vivido los últimos cuarenta años. Deben erradicarse de sus campus, el porrismo, los cacicazgos, el sindicalismo pernicioso y todos esos lastres que ha venido arrastrando. Varias universidades públicas en el país, como las de Sinaloa, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) o la de Guerrero, han superado con creces sus problemas, menos la UABJO, que continúa con la pesada carga de seis sindicatos voraces que cada vez amenazan su propia existencia.
Asunto privado, mal de muchos
Durante toda la semana, azuzados por miembros del Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la Sección 22, vecinos del Fraccionamiento Dainzú, en el Valle de Tlacolula, han cerrado la carretera 190, con los consecuentes daños a la economía, la estabilidad política y la paz social. Dicho asentamiento humano con casas de interés social fue edificado desde hace al menos diez años por el consorcio denominado “Casas GEO”. Dicha empresa se declaró en quiebra luego de dejar muchos pendientes en varias partes del país, principalmente en Oaxaca. Fraccionamientos sin servicios básicos, casas construidas con materiales de pésima calidad, inestabilidad jurídica, etc. Los citados asentamientos se llevaron a cabo con la validación tanto de los gobiernos estatal y municipal, como por algunas dependencias federales que tienen que ver con los créditos de los trabajadores. Se presume que hubo planes y proyectos y que los mismos contaron en su momento con la autorización de los peritos que autorizaron los citados proyectos. Hace unos días fueron los del Fraccionamiento Yagul, los que cerraron la carretera. Esta semana fueron lo del Dainzú. A todo ello, muchos nos preguntamos: ¿y qué tiene que ver la ciudadanía a la que de manera cotidiana le son conculcados sus derechos, en torno a este tema?
Ayer, volvieron a bloquear la referida vía además, porque la citada empresa GEO les ofreció un terreno para construir un kínder y una primaria. Lo justo es que los dirigentes de dicho Fraccionamiento recurran a las instancias legales para demandar a la empresa citada y no hacer uso del manido chantaje y el bloqueo, para presionar al gobierno estatal que, con certeza nada tiene que ver con el asunto. Y es esta práctica cotidiana que tanto malestar provoca en la sociedad civil que ningún pito tiene que tocar en las demandas, lo que genera indignación y crispación social. Se trata de un asunto entre particulares no una demanda de carácter social. Que los responsables de los bloqueos y sus manejadores y titiriteros vayan a las oficinas de GEO y exijan la reparación de los daños, demanden a los socios por el incumplimiento y dejen de estar fastidiando a la sociedad. El problema del chantaje, es que todo mundo recurre a él, pero además, sirve para que casos particulares como el que abordamos en este espacio, devenga afectación pública sin razón ni justificación alguna.
