David fue notificado por el juez Segundo Penal del auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Jesús Emmanuel e Ignacio.
Debido a que durante el término constitucional no pudo comprobar su inocencia, el juez resolvió que, el indiciado tendrá que enfrentar un proceso penal.
En el expediente penal 85/2017 se establece que el 29 marzo 2014, alrededor de las 04:10 horas varias personas dispararon en contra de Jesús Emmanuel e Ignacio, personas que estaban en el automóvil Nissan, tipo Tsuru de color blanco, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y asignado desde el mes de diciembre de 2013, a Ignacio.
De acuerdo con las investigaciones de los elementos policíacos, Ignacio, a bordo del automóvil Nissan, arribó al Columpio de Santa María Ixcotel, al parecer para acudir al bar Ambar.
Pero en el bar se encontraba de guardia su compañero y con quien se veía en forma constante en la UABJO, Emmanuel Jesús, de 28 años de edad.
Ignacio dejó en doble fila el vehículo sobre la Carretera Federal 190, con dirección de la exVolkswagen hacia el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y descendió, en tanto su amigo Jesús Emmanuel se prestaría a ayudarlo a estacionarse. En ese momento arribaron los sicarios con armas calibre 9 mm y quienes se presume, ya seguían a su víctima. Uno de los pistoleros se dirigió al conductor del automóvil, a quien le disparó en cinco ocasiones, según los orificios del parabrisas y tres de los cuales salieron en la puerta del lado izquierdo.
Jesús Emmanuel recibió impactos de bala en la cabeza, abdomen y ambas piernas.
Otro de los ejecutores se encontraba en la banqueta y utilizó como parapeto un automóvil Volkswagen tipo Bora con placa de circulación del Distrito Federal, desde donde se apoyaría para dispararle a Ignacio, quien recibió tres impactos en la cabeza y el abdomen.
El automóvil aún se fue hacia atrás y quedó la llanta delantera sobre el cuerpo de Ignacio, por lo cual, personas que estaban en el lugar le colocaron un tabique para que se detuviera.
Tras el doble asesinato, a la zona acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que las dos personas habían dejado de existir. Las corporaciones policíacas decidieron acordonar la zona, para preservar los indicios.
El fiscal adscrito a la -entonces- Subprocuraduría para la atención de Delitos de Alto Impacto (SADAI) de la Procuraduría General de Justicia del Estado junto con peritos en distintas especialidades arribaron a la zona para iniciar las diligencias y encontraron 26 indicios, de los cuales 21 fueron casquillos percutidos calibre 9 mm.
Peritos en dactiloscopia buscaron huellas en tres unidades de motor que fueron: el Nissan, el Volkswagen tipo Bora y un Volkswagen sedán con placas del estado, que se encontraba estacionado en el sitio.
Luego de tres horas de realizar diligencias en el lugar, los dos cuerpos fueron trasladados al anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales, en donde se les practicó la necropsia de ley.
Asimismo, las tres unidades de motor fueron aseguradas y quedaron en el encierro de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Al sitio arribó el propietario del Volkswagen tipo Bora, quien dijo, se estaba divirtiendo en la zona.
Ante el agente del Ministerio compareció la esposa de Jesús Emmanuel para reclamar el cadáver e indicó que el occiso, tuvo su domicilio en la colonia Víctor Bravo Ahuja en Santa Lucía del Camino y se desempeñaba como guardia en el bar Ambar, ubicado a unos metros de donde ocurrió el doble asesinato, en el Columpio de Santa María Ixcotel.
Dijo desconocer cómo ocurrió el crimen y reconoció que su cónyuge conocía a Ignacio, con quien en ocasiones convivía o se encontraban habitualmente en la UABJO, donde ambos eran supuestamente estudiantes.
De igual forma, los familiares de Ignacio García Maldonado de 34 años de edad identificaron su cadáver y dijeron desconocer cómo ocurrieron el atentado.
Trascendió que, Ignacio fue integrante de Comuna de Oaxaca y miembro activo en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que lideraba el exdiputado local, Flavio Sosa Villavicencio.
Ignacio fue detenido el 4 de diciembre de 2006, junto con Flavio Sosa, Marcelino Coache Verano y Horacio Sosa Villavicencio, expresidente municipal de San Bartolo Coyotepec, por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP), en la Ciudad de México.
Tras estar preso en el reclusorio regional de Cosolapa, Oaxaca, quedó en libertad el 8 de junio de 2007, por falta de elementos para ser procesado por los diferentes delitos imputados por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), reconoció que prestó el vehículo al integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Ignacio.
Indicó que recibió la solicitud de préstamo del vehículo de parte de los asesores legales de dos comunidades indígenas ubicadas en la Sierra Sur del estado, para intervenir como mediadora del conflicto existente entre ellas por límites de tierras en el mes de diciembre de 2013.
Como parte de las necesidades logísticas para implementar el proceso de paz, se facilitó el vehículo tipo Tsuru, marca Nissan, a la organización Comuna Oaxaca -de la cual Ignacio era uno de los dirigentes–, a efecto de que ésta tuviera mayores posibilidades de moverse a la zona en el momento en que fuera necesario, ya que esta semana se efectuarían reuniones de trascendencia para encaminar los diálogos de paz”.
Tras las indagatorias, se establecieron diversas líneas de investigación y se perfilaron como autores materiales a varias personas, entre ellas a David, mejor conocido como El Junior o El Gordo.
Consignada la averiguación previa, el juez segundo Penal libró las respectivas ordenes de aprehensión, es por ello que David fue detenido y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), de Miahuatlán de Porfirio Díaz, sitio donde permanece también procesado por delitos del orden federal.
