Tras la amarga lección de sexenios pasados donde no ha existido claridad en la asignación de obra pública por parte de la Secretaría de las Infraestructuras (Sinfra), es necesario que en la actual administración haya claridad y transparencia sobre las formas de contratación que ha llevado la dependencia, así como la justificación en aquellos casos en que no se ha hecho por licitación, los montos y las empresas a las que se les adjudicaron.
En el pasado reciente fueron en aumento los reclamos de los constructores locales, debido a que más de 90 por ciento de la obra pública que ejecutó el gobierno estatal fue entregada a empresas que no invierten sus capitales en la entidad, no compran insumos como tampoco generan un beneficio directo a la economía local. Agobiados por esa situación, hoy el clamor es que no se repita la misma historia y se privilegie a empresas de otras partes.
Desde hace mucho ha sido evidente la proclividad de beneficiar a empresas foráneas, a quienes otorgaron contratos multimillonarios y les permitieron cobrar sin ejecutar las obras. Además de abusar de las figuras como “adjudicación directa o invitación restringida”. Por ello se ha exhortado al titular de Sinfra a que en los procesos de contratación de obra pública, sea por adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública, se dé preferencia a empresas constructoras oaxaqueñas.
Es indudable que nuestro estado necesita implementar mecanismos que permitan vigilar el ciclo de vida de una obra y exigir rendición de cuentas ante irregularidades. Entre los promotores de dichos planteamientos están México Evalúa, Ethos, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que tienen un proyecto de Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones cuyo objetivo es reducir al mínimo o incluso desaparecer los huecos que dan pie a prácticas deshonestas.
Uno de los puntos de partida de esta propuesta es hacer notar que se debe vigilar todo el ciclo de vida de una obra, desde el momento en que se idea o anuncia -muchas veces en campañas electorales- hasta que comienza a operar. Con base en ese enfoque, se desarrollan otros aspectos sobre lo que se debe tomaren cuenta. Se debe corregir todo lo deficiente y contar con planes de desarrollo y políticas públicas que de verdad cumplan con las necesidades de una localidad e independientemente del gobierno en turno.
Urgen las condiciones
Existe gran interés de empresas del sector agroindustrial, acero y diversas manufacturas para invertir en el sur-sureste de México, porque actualmente la zona está concentrada en el comercio. Sin embargo, los capitales están condicionados a la definición de los incentivos fiscales y no fiscales que otorgarán los gobiernos a los entes económicos.
Un análisis del Banco Mundial (BM) y Banobras, prevé que los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas elevarán su crecimiento al 50 por ciento en los próximos 20 años, con lo cual se disminuirá la brecha de crecimiento a la mitad con los estados del norte. Para ello, Banobras apoyará al sector privado con financiamiento en proyectos con hasta 70 por ciento del crédito, en temas desde gasoductos, eléctricos, autopistas, entre otros.
De ahí que el gran reto sea tener certidumbre jurídica a través del área que se va a delimitar y se va a hacer zona económica y hacer un proceso de desregulación y simplificación. Tras la creación de las Zonas Económicas Especiales el paso trascendente para convertir al Istmo de Tehuantepec en un verdadero polo de desarrollo económico es garantizar Estado de Derecho, brindar seguridad a las inversiones que ayuden a detonar el progreso de la región.
Si bien el presidente de México se ha comprometido a promover progreso y desarrollo del sur del país, el gobierno de Oaxaca debe sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos trazados a partir de la certeza jurídica en las inversiones. Además, el sector empresarial debe comprometerse con las nuevas zonas especiales que detonen el empleo, la infraestructura y mejores salarios, pues de lo contrario esta iniciativa presidencial no alcanzará los objetivos planteados.
A no dudar, es la oportunidad de crear la infraestructura suficiente para detonar este potencial, por lo que esta nueva ley busca cerrar la brecha entre los dos México, el exitoso del norte y el atrasado y olvidado del sur. Urge aprovechar el potencial económico y productivo de la zona sur-sureste del país, impulsando estímulos fiscales, reducción de trámites y nueva infraestructura para detonar la llegada de empresas a la región.
Hoy se sabe que el proyecto cuenta hasta el momento con 50 inversionistas potenciales nacionales e internacionales, que podrían desarrollar clúster y anclar a las grandes empresas con proveedores, que arrancarían operaciones a partir de este año.
