Pobladores de San Miguel Cajonos, acusados de haber asesinado a sus vecinos de San Pedro, se defendieron ante las acusaciones y exigieron la aparición de su presidente de Bienes Comunales y secretario segundo, quienes estarían como rehenes.
“El pueblo de San Miguel Cajonos reclama la aparición de nuestros ciudadanos Álvaro Bernardo Reyes Cruz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales y Federico Cruz Morales, secretario segundo del Consejo de Vigilancia, quienes fueron retenidos y golpeados y hasta el momento (ayer) no han aparecido”, dijeron ayer, desde la ciudad de Oaxaca donde llegaron para participar en el diálogo con la Secretaría General de Gobierno.
Las personas lesionadas también arribaron al municipio conurbado de Santa Lucía del Camino y narraron la agresión del pasado miércoles, cuyo saldo fue de 2 muertos, heridos y retenidos.
En la comunidad que pertenece al municipio de San Francisco Cajonos del distrito de Villa Alta, existe una comisión de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Secretaría General de Gobierno (Segego), que ha buscado en las áreas de conflicto a las personas no localizadas.
“Tenemos testigos presenciales de que fueron retenidos, tirados y golpeados en el suelo, pero a partir de ahí no se sabe de ellos. Tememos por la vida de ellos, hasta ayer los estaban buscando, sin tener éxito”, aseguraron algunos de los testigos.
Los habitantes de esta comunidad, acusaron a San Pedro Cajonos de tener a estas personas, por lo que temen por su vida.
De acuerdo con los pobladores, para entrar a dicha comunidad, el destacamento de la policía acompaña a las personas porque parte del camino pertenece a San Pedro y temen por sus vidas.
Roberto Zárate López, vocero oficial de las autoridades auxiliares, comunales y el pueblo de San Miguel Cajonos, informó que este viernes firmaron un documento con representantes de la Fiscalía General y de la Segego que se realizará con objetividad la averiguación de los sucesos.
Dirigen carta
La representación de San Miguel, dirigió un documento al presidente de la República, al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), entre otros organismos internacionales de defensa.
En el escrito, ofrecieron su versión sobre los hechos sucedidos el 27 de este mes, alrededor de las 11:00 horas, con “fidelidad”, sin “hacer la conjetura de los hechos a favor”.
Narraron que se dio en el contexto de las actividades de saneamiento del bosque por autoridades de Bienes Comunales y comuneros de San Miguel en el paraje “Rancho Viejo”, dentro de su territorio, cuando fueron alertados de la introducción de una camioneta de 3 toneladas de San Pedro Cajonos.
“Estaban sacando madera en polines y tablas, traficando de esa forma madera en terrenos de San Miguel, por lo que las autoridades se trasladaron al lugar porque no había previo acuerdo para movilizarse en esa brecha”, dijo el portavoz.
Fue en ese momento cuando inició la discusión entre ambas partes y San Pedro Cajonos fue acusado de concentrar a sus pobladores para “agredir verbalmente a los de San Miguel, a pesar de que ya se había acordado que pasaran con su camioneta”, añadió.
“Fue entonces cuando se calentaron los ánimos y empezó la agresión de San Pedro contra San Miguel con machetes, fue cuando empezamos a ver a los heridos entre ellos, el comunero Hipólito con corte lateral del cráneo izquierdo y Alfonso con fractura en brazo izquierdo y golpes en cara y cuerpo”, relató.
Ante eso, los pobladores de San Miguel corrieron a internarse en el bosque, desde donde se percataron de las “detonaciones de arma de fuego de parte de San Pedro; nosotros manifestamos nuestro desconocimiento del deceso de las personas que se señalan”.
Y es que en ese encuentro violento entre comuneros, perdieron la vida: Pablo Santiago González, de 24 años y Daniel Bautista, de 30, originarios de San Pedro.
A eso, Roberto Zárate negó rotundamente que esta comunidad haya provocado la muerte de las personas y se deslindaron de las imputaciones que se les acusa.
La comisión de esta comunidad que llegó ayer a la ciudad de Oaxaca, pidió la intervención del gobierno estatal para que garantice la seguridad de los 200 habitantes para evitar cualquier acto de violencia.
Se pronunciaron por una investigación exhaustiva de los hechos suscitados el pasado 27 en esa comunidad del distrito de Villa Alta para evitar una persecución política contra la autoridad.
Ante la representación de la Fiscalía y Segego, pidieron la ampliación de la seguridad para mantener estabilidad, paz y tranquilidad.
