Una agresión sexual contra una mujer adulta mayor, ocurrida en un arroyo de la región de la Sierra de Flores Magón, terminó con una sentencia de 14 años de prisión para el responsable, identificado como Bernabé P. H., además del pago de una multa de 65 mil pesos.
Los hechos se remontan a enero de 2024, cuando la víctima se encontraba en un arroyo ubicado entre las agencias de Santiago Quetzalapa y San Juan Zautla, pertenecientes al municipio de San Pedro Sochiápam, en el distrito de Cuicatlán.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, fue en ese lugar donde el hombre cometió la agresión sexual contra la mujer, cuya condición de adulta mayor la colocaba en una situación de especial vulnerabilidad.
DOS AÑOS DESPUÉS, LLEGA LA SENTENCIA
Tras conocer la denuncia, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.
Las diligencias permitieron reunir elementos de prueba y obtener una orden de aprehensión contra Bernabé P. H., quien posteriormente fue llevado ante la autoridad judicial.
Durante el proceso, el juez encargado de la causa valoró las pruebas presentadas y determinó su responsabilidad penal por el delito de violación.
La resolución establece una pena de 14 años de prisión, además de una sanción económica de 65 mil pesos.
LA VULNERABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS, UNA ALERTA PENDIENTE
El caso vuelve a poner sobre la mesa la violencia sexual que enfrentan las mujeres, particularmente aquellas que por su edad o condiciones personales pueden encontrarse en mayor vulnerabilidad.
Aunque la sentencia representa una resolución judicial contra el agresor, también evidencia la importancia de que las víctimas puedan denunciar, recibir acompañamiento y acceder a procesos de justicia sin obstáculos.
La agresión ocurrió en enero de 2024 y la condena fue anunciada el 9 de noviembre de 2026, por lo que transcurrieron casi dos años entre los hechos y la resolución judicial.
La sanción busca establecer consecuencias penales por el delito cometido; sin embargo, el acceso efectivo a la justicia también exige atención integral a las víctimas y condiciones que eviten su revictimización.






































