A pesar que desde el pasado 3 de noviembre ya hay un dictamen federal de la Secretaría de Educación Pública para restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales personales, los diputados de Oaxaca parecen no enterarse e impulsaron una iniciativa con Proyecto de Acuerdo plantea exhortar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) cumplir con la determinación de la SEP.
Oaxaca NO están entre los 16 entidades de la República que tienen prohibido el uso de celulares en las aulas y, según los diputados, conminaron hay IEEPO, que afronta una profunda crisis política y educativa, a cumplir el Acuerdo número 09/09/2026, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno de México, vigente desde el 03 de noviembre de este año.
Los legisladores solicitaron a la autoridad educativa federal en la entidad la emisión de lineamientos generales y vinculantes “para regular el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en las escuelas de educación básica y media superior”.
Oaxaca es una de las 16 entidades sin prohibición ni medidas contra uso de medios digitales en escuelas de manera expresa y el IEEPO.
Sin comunicado oficial, solo mediante versiones periodísticas, la restricción del uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica comenzará a instrumentarse en esta entidad durante los próximos seis meses, pues el IEEPO indicó que utilizará el plazo de 180 días para establecer los mecanismos de aplicación de la disposición federal.
La disposición prohíbe que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria utilicen teléfonos celulares dentro de las instalaciones escolares , incluso durante los recreo. El objetivo es reducir las distracciones , favorecer la concentración en las actividades académicas y mejorar la convivencia entre los alumnos .
Los diputados indicaron que la propuesta establece que ambas autoridades, SEP y IEEPO, deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de estas disposiciones en los planteles educativos, mediante la difusión de sus alcances, la construcción de acuerdos con las comunidades escolares y la emisión de los lineamientos correspondientes.
El objetivo es proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el uso de dispositivos digitales personales y de tecnologías de aprendizaje, tanto en escuelas públicas como particulares del Sistema Educativo Nacional.
Asimismo, la propuesta resalta que la regulación no contraviene el derecho constitucional de acceso a la tecnología ni el aprovechamiento pedagógico de las herramientas digitales como complemento didáctico. Conforme al criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y lo establecido en la Ley General de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, las autoridades educativas y el personal docente tienen el deber institucional de supervisar y delimitar el acceso a los dispositivos durante el horario escolar, a fin de garantizar que la tecnología sirva como un instrumento de formación y no como un factor que perturbe la convivencia o la integridad emocional de las personas educandas.
La proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y quedó reservada para el Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal.
