Primera parte
Cada noviembre, ayuntamientos y diputados repiten un ritual que vacía el bolsillo del contribuyente oaxaqueño. La Suprema Corte ya les dijo que no. Ellos no oyen.
El ritual de cada noviembre. En Oaxaca, cada ayuntamiento tiene hasta el último día de noviembre para presentar al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Ingresos que regirá el año siguiente. Los diputados, a su vez, deben revisar y aprobar las leyes de los 570 municipios del estado. Sobre el papel, es un ejercicio de responsabilidad democrática: el municipio justifica cuánto necesita y por qué; el Congreso, en representación del pueblo, verifica que lo que se cobra sea legal, proporcional y justo. En la práctica, el ciudadano se entera de lo que aprobaron hasta que llega a la ventanilla de la Tesorería: cuando paga el predial, cuando escritura la casa que heredó de sus padres, cuando pide una constancia o una licencia de construcción o venta. Entonces descubre que el cobro subió otra vez, que la tarifa no tiene lógica y que nadie le explicó por qué.
Estas leyes se aprueban por paquetes, en sesiones extraordinarias de diciembre a marzo, con decenas de municipios leídos de corrido en una sola votación. Pocas veces hay debate. Casi nunca hay un análisis público de constitucionalidad. Y el resultado se repite año con año.
Los números de la capital. La Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez para 2026 (Decreto 1058 de la LXVI Legislatura) estima ingresos totales por 2,006.7 millones de pesos. Dentro de esa cifra hay un dato que debería encender alarmas: Impuesto predial: 120.8 millones de pesos. Derechos (cobros por servicios del municipio): 223.4 millones de pesos, casi el doble de lo que se espera recaudar de predial. Impuesto sobre traslación de dominio: 57.6 millones de pesos, por encima de los 55.6 millones proyectados en 2025. Alumbrado público: 38.6 millones de pesos, cobrados como derecho. Cuando un municipio recauda casi el doble por “derechos” que por su principal impuesto, la pregunta es obligada: ¿esos cobros corresponden realmente al costo de los servicios, o se convirtieron en impuestos disfrazados? Esto es inconstitucional.
La Corte ya lo dijo. El Congreso no escucha y traiciona a sus electores.
No es una opinión aislada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado, año tras año, disposiciones de las leyes de ingresos municipales de Oaxaca.
En diciembre de 2024, al resolver la acción de inconstitucionalidad 98/2024 y su acumulada 101/2024, promovidas por el Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Corte invalidó partes de la Ley de Ingresos de Oaxaca de Juárez para 2024: Los cobros por copias certificadas de constancias de actividad fiscal inmobiliaria, por violar el principio de proporcionalidad tributaria: no existía relación razonable entre el costo de los materiales y la cuota, y certificar documentos es una función pública que no debe perseguir lucro. Las multas por “escándalo”, “molestias” o “alterar el orden público”, por su redacción ambigua, que dejaba a la autoridad decidir a su antojo qué conducta castigar. Una prohibición discriminatoria contra personas con discapacidad mental.
En agosto del mismo año, en la acción 75/2024, la Corte invalidó cobros igualmente desproporcionados por copias y certificaciones en Salina Cruz, Silacayoápam y otros municipios. Y antes hubo resoluciones semejantes sobre las leyes de ingresos oaxaqueñas de 2021 y 2022. En cada caso, como se trata de leyes que duran un año, la Corte exhortó al Congreso de Oaxaca a no volver a incurrir en los mismos vicios. El exhorto se ha repetido tantas veces que ya parece un trámite más. Los diputados lo reciben, lo archivan y al año siguiente aprueban leyes con los mismos defectos. Su papel es estar del lado del ciudadano no traicionarlo. Pienso que no saben cuál es su función, solo llegan a ver de dónde, recuperan lo que gastan en la campaña y otro poco más que aspiran tener para seguir con la siguiente campaña.
Derechos: se cobra el servicio, no el negocio. La Constitución, en su artículo 31, fracción IV, obliga a que toda contribución sea proporcional y equitativa. Para los derechos, la Suprema Corte lo ha traducido en una regla sencilla: la cuota debe guardar una relación razonable con el costo que tiene para la autoridad prestar el servicio, y debe ser igual para todos los que reciben el mismo servicio.
Dicho de otro modo: expedir un certificado cuesta lo mismo al municipio si la casa vale 500 mil pesos o cinco millones. Cobrar distinto según el valor del inmueble o de la operación convierte el derecho en un impuesto encubierto. La Corte ya lo resolvió así, por ejemplo, contra Veracruz, cuyos derechos registrales se calculaban sobre el valor de la operación y no sobre el costo real del servicio. Y ha anulado decenas de cobros de alumbrado público que se fijaban según el destino o las características del predio, y no según lo que cuesta iluminar las calles.
En la ley de la capital para 2026 aparece un concepto llamado “Registro Fiscal Inmobiliario, vigilancia, control y evaluación (5 al millar)”. El propio nombre revela que se calcula “al millar”, es decir, en proporción a un valor, y no al costo de un servicio. El ciudadano tiene derecho a preguntar: ¿qué servicio específico recibo a cambio, y cuánto le cuesta realmente al municipio prestarlo?
