La violencia que durante años ha golpeado a Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, comienza a mostrar un entramado que va más allá de las disputas entre grupos delictivos. Testimonios, documentos y fuentes de seguridad citados en una investigación periodística apuntan a una presunta estructura criminal conocida como Los Cromos, cuyo crecimiento habría estado relacionado con personajes políticos, funcionarios municipales y negocios vinculados al desarrollo del Corredor Interoceánico.
El caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento las relaciones entre poder público y delincuencia organizada en una de las regiones más violentas de Oaxaca. Las recientes detenciones del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez, de un excomisario de Policía y de otros presuntos integrantes de la organización han abierto interrogantes sobre quiénes permitieron su expansión, cómo consiguieron influencia y qué intereses económicos habrían protegido.
Uno de los episodios que permite reconstruir esta historia ocurrió en junio de 2022, cuando el médico Carlos Eduardo López fue asesinado a balazos en vísperas de las elecciones para gobernador de Oaxaca. Cuatro años después, aquel homicidio vuelve a cobrar relevancia por las posibles conexiones que habría revelado entre operadores políticos y grupos violentos.
EL ASESINATO DE UN MÉDICO QUE APUNTÓ HACIA UNA RED DE PODER
El 3 de junio de 2022, dos días antes de las elecciones estatales, Carlos Eduardo López fue interceptado mientras conducía su camioneta por calles de Juchitán. Al menos dos personas se emparejaron con su vehículo y dispararon en repetidas ocasiones. Según los reportes de entonces, recibió hasta 11 impactos de bala y murió en el lugar.
El crimen adquirió relevancia política porque comenzó a circular la versión de que el médico era operador electoral de Salomón Jara, candidato de Morena a la gubernatura. Desde el equipo de campaña rechazaron esa versión y señalaron que López era simpatizante del partido, sin desempeñar funciones como operador político.
Una semana después, la Fiscalía estatal detuvo a dos personas. Entre ellas estaba Nicandro Ferra, entonces delegado del Instituto Catastral del Estado en Juchitán y Tehuantepec. Quien anteriormente había trabajado en el Ayuntamiento encabezado por Emilio Montero.
De acuerdo con fuentes conocedoras de la investigación, el homicidio habría permitido comenzar a identificar la estructura de Los Cromos. Así como sus presuntas conexiones con personajes políticos de la región.
Las versiones recogidas señalan a Ferra como uno de los organizadores del ataque y mencionan la supuesta participación de Rafael de Jesús Álvarez, conocido como El Fayo, a quien identifican como uno de los principales operadores violentos de la organización.
Estas líneas, sin embargo, deben distinguirse de los hechos acreditados judicialmente: las conexiones y responsabilidades mencionadas forman parte de testimonios y señalamientos que requieren corroboración.
CAEN EL ALCALDE Y PRESUNTOS OPERADORES, PERO EL ENTRAMADO SIGUE BAJO SOSPECHA
La investigación periodística cobra nueva dimensión tras las detenciones realizadas desde el 23 de septiembre de 2026.
Entre los detenidos se encuentra el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez, además de quien fue comisario de Policía y otros dos hombres identificados con los alias de La Parka y El Cromo.
Las autoridades los relacionan con una estructura presuntamente dedicada a la extorsión, el narcomenudeo, los secuestros y los homicidios.
La Fiscalía estatal ha señalado que, de los 957 asesinatos registrados durante los últimos cuatro años en el Istmo, aproximadamente el 70 por ciento estaría relacionado con esta red criminal.
La cifra dimensiona la gravedad de la violencia regional y la capacidad de operación que las autoridades atribuyen a la organización.
Tras las detenciones, el Congreso de Oaxaca determinó la desaparición de los poderes municipales de Juchitán, en medio de la crisis política provocada por los señalamientos contra integrantes del gobierno local.
Sin embargo, uno de los nombres que aparece de manera recurrente en los testimonios es el de El Fayo, quien, según fuentes consultadas, continuaría libre y sería uno de los principales responsables de la estructura violenta.
EMILIO MONTERO Y ANTONINO MORALES, EN EL CENTRO DE LOS SEÑALAMIENTOS
Otro de los aspectos más delicados de la investigación es la presunta relación entre Los Cromos y una estructura política vinculada al exalcalde de Juchitán, Emilio Montero. Quien hasta finales de septiembre de 2026 estuvo al frente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Cargo al que llegó, por nombramiento del gobernador Salomón Jara.
De acuerdo con testimonios de vecinos, activistas y antiguos funcionarios, la organización criminal habría funcionado como un brazo ejecutor de intereses políticos y económicos en la región.
Las versiones también mencionan una presunta relación con el senador de Morena, Antonino Morales Toledo, exalcalde de San Blas Atempa.
Un documento atribuido a la comandancia de la VIII Región Militar, elaborado en 2019, habría advertido sobre posibles vínculos de Emilio Montero con Morales. A quien relacionaba con el robo de hidrocarburos en San Blas Atempa.
Fuentes del Gabinete de Seguridad consultadas por el medio que publicó la investigación sostienen que desde aquellos años existían reportes sobre presuntos malos manejos de ambos personajes.
También se menciona que la ruptura entre Montero y Morales pudo haber contribuido al incremento de la violencia en la zona. No obstante, hasta ahora, estos señalamientos no deben interpretarse como responsabilidades penales acreditadas contra los políticos mencionados.
Montero, por su parte, ha negado cualquier vínculo con actividades criminales.
EL CORREDOR INTEROCEÁNICO, UN NEGOCIO EN MEDIO DE LA VIOLENCIA
Uno de los puntos que más preocupan de las revelaciones es la posible relación entre la expansión de esta estructura criminal y las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Desde 2020, el desarrollo del proyecto ferroviario y de los parques industriales asociados generó una importante actividad económica en la región. Particularmente en el movimiento de materiales y los trabajos de construcción.
De acuerdo con las fuentes consultadas, integrantes de la presunta red y personajes políticos habrían participado, formal o informalmente, en actividades relacionadas con el acarreo de material pétreo y otros trabajos vinculados con las obras.
La periodista Soledad Jarquín, quien ha documentado durante años la violencia contra las mujeres en el Istmo y cuyo entorno familiar también fue golpeado por un ataque armado, considera que el desarrollo del proyecto habría incrementado los intereses económicos de estos grupos.
«Con el tren del Istmo, se les rebasa el vaso. Porque al final, estos grupos tienen trabajos de acarreo de material pétreo», señaló.
La denuncia de fondo es particularmente delicada: una obra estratégica para el desarrollo económico del sureste mexicano habría generado oportunidades de negocio que, según los testimonios, también pudieron ser aprovechadas por redes de poder y estructuras criminales.
Determinar si existieron contratos, intermediarios, beneficios económicos indebidos o mecanismos de protección institucional es una tarea pendiente para las autoridades investigadoras.
EL MIEDO Y EL SILENCIO PERMITIERON QUE LA RED CRECIERA
Para quienes han vivido durante años en Juchitán, las detenciones recientes no necesariamente representan una sorpresa.
Mario Quintero, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, sostiene que la presencia y operación de estos grupos eran conocidas por habitantes de la región. Aunque el temor a las represalias impedía que se hablara abiertamente de sus actividades.
«Todo el mundo sabía quiénes eran, quién lideraba, qué tan inmiscuidos estaban algunos funcionarios», expresó Soledad Jarquín al describir el ambiente que se vivía en la zona.
Quintero coincide en que el problema no se limita a la detención del presidente municipal, sino a todo lo que ha comenzado a salir a la luz.
La pregunta central, advierte, es cómo estos grupos consiguieron crecer, obtener financiamiento y consolidar mecanismos de control territorial durante tantos años.
LAS DETENCIONES NO BASTAN: FALTA ESCLARECER QUIÉN PROTEGIÓ A LOS GRUPOS
El caso de Juchitán exhibe un problema que va más allá de los presuntos delitos atribuidos a Los Cromos: la posible infiltración de estructuras criminales en espacios de decisión pública y actividades económicas estratégicas.
Si las investigaciones confirman que funcionarios, operadores políticos o empresarios facilitaron las operaciones de esta organización, será necesario establecer sus responsabilidades y determinar si utilizaron cargos públicos para proteger intereses particulares.
La captura de algunos presuntos integrantes representa un avance en las investigaciones, pero no responde todavía a las preguntas fundamentales: quién permitió su crecimiento, quién financió sus operaciones, qué beneficios obtuvo y por qué durante años pudo actuar en una región marcada por homicidios y extorsiones.
Juchitán no necesita únicamente detenciones. Necesita que se esclarezcan los asesinatos, se investiguen las posibles complicidades y se garantice que el poder político y los recursos públicos no vuelvan a convertirse en instrumentos de protección para estructuras criminales.
Con información de El País
