A un año del asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, las investigaciones ministeriales apuntan a una trama que habría permitido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) infiltrarse en la administración municipal y utilizar información privilegiada para ejecutar el homicidio.
El alcalde, quien llegó al poder como candidato independiente, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante las actividades conmemorativas del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan. Tenía 41 años y llevaba apenas 14 meses al frente del gobierno municipal.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), el crimen no habría sido responsabilidad exclusiva de quienes participaron directamente en el ataque armado. La planeación habría involucrado a integrantes de una estructura criminal, funcionarios municipales y personas encargadas de la seguridad del propio edil.
La hipótesis ministerial sostiene que colaboradores cercanos habrían proporcionado información sobre sus actividades, horarios, desplazamientos y agenda personal, elementos que facilitaron la preparación de la agresión.
UN ADOLESCENTE DISPARÓ CONTRA EL ALCALDE Y DESPUÉS FUE ASESINADO
Las investigaciones identifican a Víctor Manuel Ubaldo Valdés, de 17 años, como el presunto autor material del homicidio. El adolescente habría disparado en ocho ocasiones contra Carlos Manzo durante el evento público del 1 de noviembre.
Sin embargo, la historia no terminó con su muerte. El joven también fue asesinado por Demetrio “N”, exdirector de la Policía Municipal, quien presuntamente lo privó de la vida después del atentado.
La Fiscalía investiga este segundo hecho como una ejecución extrajudicial. Entre las líneas de investigación se encuentra la hipótesis de que el objetivo habría sido eliminar al adolescente para impedir que revelara información sobre la organización del asesinato y sus participantes.
Este elemento abre otra interrogante sobre el caso: no solamente quién ordenó y ejecutó el homicidio del presidente municipal, sino también quiénes participaron en la eliminación de posibles fuentes de información después del ataque.
TREINTA Y CUATRO DETENIDOS Y UNA RED DE TRES NIVELES
La FGE sostiene que el asesinato fue resultado de una estructura organizada en tres niveles de participación, desde quienes presuntamente ordenaron el crimen hasta quienes facilitaron la logística y ejecutaron la agresión.
Hasta el momento, las autoridades reportan 34 personas detenidas, de las cuales 29 han sido vinculadas a proceso. Entre los señalados hay presuntos integrantes del CJNG, funcionarios municipales, policías, escoltas y personas relacionadas con la operación del ataque.
De acuerdo con la información ministerial, las responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera:
PRIMER NIVEL: LOS PRESUNTOS AUTORES INTELECTUALES
En este grupo se ubica a cinco personas señaladas por su presunta participación en la planeación y coordinación del homicidio:
- Ramón Ángel Ayala, alias “El R1”, identificado como líder de los RS, brazo armado del CJNG.
- Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como coordinador del grupo criminal.
- Alejandro Castellanos Villafaña, conocido como “El K-OZ”, presunto jefe de sicarios.
- Alexis “N”, alias “El Brilloso”, identificado como operador regional en Uruapan.
- Josué Elogio “N”, conocido como “Viejito”, señalado como operador intermedio.
Las autoridades sostienen que estos personajes habrían participado en la organización del crimen y en la coordinación de las células encargadas de llevarlo a cabo.
SEGUNDO NIVEL: LOS PRESUNTOS INFILTRADOS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL
Uno de los aspectos más delicados de la investigación es la posible participación de personas que formaban parte del entorno laboral y de seguridad de Carlos Manzo.
Entre los señalados aparecen Yesenia Méndez “N”, quien se desempeñaba como secretaria particular del alcalde; Samuel “N”, entonces director de Relaciones Públicas, y Rosa Alejandra “N”, titular de Bienestar.
A los dos primeros se les atribuye presunta participación en homicidio calificado en grado de coautoría, mientras que a la tercera se le señala por encubrimiento por favorecimiento.
También figuran seis integrantes del equipo de seguridad del edil, además del coronel José Manuel Jiménez, exjefe de escoltas, y Demetrio “N”, exdirector de la Policía Municipal.
Las imputaciones incluyen presuntas omisiones de seguridad, comunicación con integrantes de la organización criminal y acciones que habrían facilitado las condiciones para cometer el ataque.
En particular, al exjefe de escoltas se le señala por presuntamente ordenar el repliegue del personal y permitir que el perímetro de seguridad quedara sin una respuesta efectiva.
TERCER NIVEL: LA OPERACIÓN QUE CONCRETÓ EL HOMICIDIO
El último grupo está integrado por cuatro personas relacionadas con la ejecución material y la logística del crimen:
- Alex Benjamín “N”, señalado por facilitar un vehículo de transporte para los agresores.
- Víctor Manuel Ubaldo Valdés, el adolescente de 17 años identificado como quien disparó contra el alcalde.
- Héctor Hugo “N”, exfuncionario de la Fiscalía Regional, acusado de proporcionar información al CJNG sobre operativos y órdenes de aprehensión.
- Juan Luis “N”, alias “Comandante Gary”, exintegrante de la Guardia Nacional, señalado por colaborar en la logística y el suministro de armamento.
La Fiscalía considera que estas participaciones permitieron concretar el ataque y facilitar las acciones previas y posteriores al asesinato.
EL CJNG HABRÍA OFRECIDO DOS MILLONES DE PESOS POR EL CRIMEN
Otra de las líneas centrales de la investigación apunta al móvil del homicidio.
Según la FGE, el asesinato habría sido una represalia del crimen organizado contra Carlos Manzo por los operativos de seguridad y las detenciones de objetivos considerados relevantes para la organización criminal, realizados durante su administración.
Entre estos antecedentes se encuentra la captura de René “N”, alias “El Rino”.
Las pesquisas señalan que el CJNG habría ofrecido dos millones de pesos para concretar el asesinato del presidente municipal.
Con esta hipótesis, la Fiscalía estatal sostiene que el ataque respondió a una represalia criminal y no a un móvil político.
No obstante, esta conclusión forma parte de la línea de investigación ministerial y deberá sostenerse con las pruebas correspondientes durante los procedimientos judiciales.
LA FISCALÍA REPORTA UN AVANCE DEL 90 POR CIENTO
A un año del magnicidio, la Fiscalía de Michoacán asegura que la investigación registra un avance del 90 por ciento, resultado de un amplio trabajo ministerial y pericial.
Entre las diligencias reportadas se encuentran:
- 3 mil 500 actos de investigación.
- Análisis de mil 200 horas de grabaciones de video.
- 120 audiencias.
- 3 mil actuaciones periciales.
- 72 extracciones de información.
Pese a las detenciones y los avances anunciados, el caso todavía mantiene asuntos pendientes por esclarecer y responsabilidades que deberán resolverse ante los tribunales.
El número de personas detenidas y vinculadas a proceso representa un avance en la investigación, pero no equivale a una sentencia condenatoria ni significa que todos los aspectos del crimen estén esclarecidos.
GRECIA QUIROZ PIDE QUE LA FGR ATRAIGA EL CASO
Mientras la Fiscalía estatal defiende los resultados de sus investigaciones, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, ha solicitado en repetidas ocasiones que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el expediente.
La alcaldesa argumenta que una investigación a nivel federal permitiría garantizar imparcialidad y evitar posibles sesgos o la utilización política del asesinato.
La petición también ocurre en medio de las diferencias entre Quiroz y la FGE por la entrega de los teléfonos celulares que pertenecían al exalcalde.
La Fiscalía estatal ha señalado que la negativa a entregar estos dispositivos obstaculiza las investigaciones, mientras que la presidenta municipal ha sostenido que los pondrá a disposición de la FGR para que sean revisados.
Así, a un año del asesinato, el caso de Carlos Manzo no solamente exhibe la presunta penetración del crimen organizado en las instituciones municipales, sino que también mantiene abierto el debate sobre la confianza en las autoridades encargadas de investigar el homicidio.
La pregunta de fondo sigue siendo cómo una estructura criminal habría conseguido información, facilidades y presunta colaboración desde el entorno de un presidente municipal que contaba con un equipo de seguridad: una cuestión que las investigaciones y los procesos judiciales todavía deben terminar de responder.
