El Gabinete de Seguridad federal negó que exista un informe de inteligencia que confirme una supuesta reunión entre Ariadna Montiel Reyes y Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, señalado como hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. El presunto encuentro habría tenido como propósito negociar apoyo para candidatos de Morena durante las elecciones de 2024.
La aclaración surgió después de que el periodista Héctor de Mauleón publicara una columna en El Universal en la que hizo referencia a un supuesto reporte de seguridad sobre la reunión y los posibles acuerdos políticos y territoriales.
A través de un pronunciamiento, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad rechazaron haber confirmado la autenticidad de ese documento y señalaron que no cuentan con información oficial que acredite los acuerdos atribuidos a la actual dirigente nacional de Morena.
“Es falso que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad hayan confirmado la información difundida en dicha columna”, señalaron las autoridades, al advertir que las referencias a supuestas fuentes federales no constituyen, por sí mismas, información oficial.
¿QUÉ SE DICE SOBRE LA SUPUESTA NEGOCIACIÓN?
Según la versión difundida por De Mauleón, Montiel habría negociado con integrantes del grupo vinculado a El Guano para que intervinieran en los comicios de 2024 y respaldaran a candidatos de Morena.
A cambio, presuntamente se les habría permitido mantener el control de una franja territorial entre La Tuna, en Sinaloa, y Moris, en Chihuahua.
Sin embargo, estos señalamientos no han sido acreditados mediante información oficial presentada públicamente. El Gabinete de Seguridad sostuvo que no existen elementos oficiales que permitan confirmar la supuesta reunión ni los acuerdos mencionados en la columna.
La postura de las autoridades establece una diferencia entre la información publicada por el periodista y los datos que las instituciones federales reconocen como verificados. Hasta ahora, el pronunciamiento no aporta elementos para confirmar que el encuentro ocurrió, pero tampoco constituye por sí mismo una investigación pública exhaustiva que permita reconstruir todos los hechos señalados.
ARIADNA MONTIEL RECHAZA LAS ACUSACIONES
Tras la difusión de la columna, Ariadna Montiel negó categóricamente haberse reunido con Aureliano Guzmán Loera y calificó las acusaciones como un intento de desacreditar a Morena.
La dirigente también vinculó la publicación con la controversia por la participación de cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un presunto laboratorio de drogas en Chihuahua, en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.
En sus redes sociales, Montiel cuestionó que los señalamientos sobre la supuesta reunión se presentaran sin pruebas concluyentes y sostuvo que buscaban perjudicar políticamente a su movimiento.
Además, acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de utilizar el caso para desviar la atención de la participación de agentes extranjeros en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara.
Montiel también cuestionó el manejo que el gobierno estatal habría dado a esa intervención y aseguró que la controversia se utilizaba para atacar a Morena. Estas afirmaciones corresponden a la postura de la dirigente y no acreditan por sí mismas las responsabilidades que atribuye a la mandataria estatal.
EL CASO ABRE UN NUEVO FRENTE POLÍTICO
La controversia enfrenta dos versiones: por un lado, una columna periodística que atribuye a un supuesto informe de inteligencia detalles de una negociación con integrantes de la delincuencia organizada; por otro, las negativas de Montiel y del Gabinete de Seguridad, que rechazan la existencia de información oficial que respalde esas afirmaciones.
En este escenario, la cuestión central sigue siendo la comprobación de los hechos. La existencia, autenticidad y contenido del supuesto informe, así como la presunta reunión y los acuerdos que se le atribuyen, requieren evidencia verificable para establecer si ocurrieron.
El Gabinete de Seguridad aseguró que sus investigaciones se sustentan en procedimientos institucionales y elementos comprobables, y reiteró su política de cero impunidad, sin distinción de cargos, relaciones personales o filiaciones políticas.
Por ahora, la información difundida no permite presentar como hechos confirmados la supuesta reunión ni la negociación electoral. El caso mantiene abierta la discusión pública sobre la relación entre política, seguridad y crimen organizado, pero la determinación de responsabilidades depende de pruebas y no únicamente de acusaciones o desmentidos.
