Cada vez que un automovilista llena el tanque, piensa en el precio por litro, no en el destino final de su dinero.
Sin embargo, investigaciones de autoridades estadounidenses han puesto sobre la mesa una posibilidad inquietante: parte de los recursos generados por la venta de gasolina podría terminar alimentando estructuras financieras vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a personas y empresas que, según sus investigaciones, estarían relacionadas con redes de robo y comercialización ilegal de combustible.
El mecanismo señalado resulta difícil de detectar desde una gasolinera: el combustible presuntamente robado entra a negocios que, en apariencia, funcionan como cualquier otro establecimiento legal.
EL HUACHICOL ENTRA POR LA BOMBA
El esquema investigado tiene varios pasos.
Primero ocurre la extracción ilegal de gasolina o diésel, principalmente mediante tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Después, el combustible puede ser almacenado en grandes depósitos y posteriormente trasladado a estaciones de servicio.
Ahí aparece la pieza que vuelve más complejo el entramado: la gasolina presuntamente ilegal se mezcla con una actividad comercial aparentemente legítima.
Para quien llega a cargar combustible, la operación parece completamente normal.
El problema, según las investigaciones estadounidenses, estaría detrás de la cadena comercial.
FAMILIARES, PAREJAS Y PRESTANOMBRES
Una de las estrategias detectadas por la OFAC consiste en colocar empresas a nombre de personas cercanas a los presuntos integrantes del CJNG.
Familiares, parejas sentimentales o empleados de confianza pueden aparecer formalmente como propietarios, socios o representantes.
De esta manera, el nombre del verdadero operador criminal puede quedar oculto en los documentos corporativos.
La empresa existe. La gasolinera opera. Hay empleados y clientes. Pero las autoridades investigan quién está realmente detrás del negocio.
Ese es uno de los principales desafíos para seguir la ruta del dinero.
VERACRUZ: 11 GASOLINERAS BAJO LA LUPA
Uno de los casos más reveladores es el atribuido a Iván Cazarín Molina, ‘El Tanque’, señalado por autoridades estadounidenses como integrante del CJNG.
La OFAC sostuvo que Cazarín Molina estaba relacionado con una red dedicada al robo de combustible en Veracruz.
De acuerdo con esa investigación, el hidrocarburo obtenido mediante tomas clandestinas era almacenado y posteriormente comercializado mediante 11 estaciones de servicio.
Entre las compañías señaladas apareció Etanofuel, S.A. de C.V., que utilizaba comercialmente el nombre “G Energy”, además de otras razones sociales como Rapicombustibles, Magnocombustibles, Ahorrocombustibles y Econocombustibles.
Las autoridades estadounidenses señalaron que las estaciones estaban bajo control directo o indirecto de Cazarín Molina, operadores y familiares.
El detalle resulta significativo: los registros corporativos no necesariamente muestran al presunto líder criminal como dueño visible.
JALISCO: EL NEGOCIO DE ‘EL JARDINERO’
La misma fórmula apareció en otro expediente.
La OFAC señaló a Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, como uno de los operadores del CJNG involucrados en una estructura financiera del grupo.
Entre los negocios identificados estaba Petrocoda.
Según las autoridades estadounidenses, Flores Silva controlaba la gasolinera aunque formalmente aparecía vinculada a su prima, Areli Medina Flores, y a Gabriel Serrano Magaña, señalado como subordinado.
El negocio fue constituido con un capital de 100 mil pesos, de acuerdo con los registros corporativos citados en el material.
Flores Silva fue detenido en Nayarit el 27 de abril durante un operativo de la Secretaría de Marina.
MICHOACÁN: OTRO CASO, EL MISMO PATRÓN
Un expediente más reciente puso el reflector sobre Heraclio Guerrero Martínez, ‘El Tío Lako’.
Tras la detención de Marisol ‘N’ y Lourdes ‘N’, identificadas en los reportes como hija y pareja sentimental del presunto líder regional, apareció bajo atención el caso de Gasolineras HG.
El nombre de la empresa coincide con las iniciales de Guerrero Martínez.
Pero aquí existe una diferencia fundamental: hasta ahora, el material disponible no establece que una autoridad haya señalado formalmente a Gasolineras HG como parte del aparato financiero del CJNG.
La coincidencia con otros casos constituye un elemento de investigación, no una prueba definitiva de que la empresa forme parte de una estructura criminal.
EL VERDADERO NEGOCIO ESTÁ EN EL DINERO
El combustible es solamente una parte de la historia.
Para las organizaciones criminales, una empresa aparentemente legítima puede servir para introducir recursos ilícitos a la economía formal.
Por eso, las investigaciones financieras buscan mucho más que al responsable de una toma clandestina.
La pregunta central es:
¿De dónde salió el combustible, quién lo compró, dónde fue almacenado, qué empresa lo vendió y quién terminó recibiendo el dinero?
Seguir esa ruta permite descubrir conexiones que no aparecen a simple vista.
¿Y EL AUTOMOVILISTA?
El consumidor se encuentra al final de una cadena que difícilmente puede conocer.
Cuando una persona llega a una estación de servicio, no tiene forma sencilla de saber quién es el propietario real de la empresa, de dónde provino cada litro de combustible o qué empresas participaron previamente en la operación.
Por eso, una eventual relación criminal no implica automáticamente responsabilidad del consumidor ni significa que cada estación señalada en una investigación venda combustible ilegal.
Las acusaciones deben acreditarse caso por caso.
EL NEGOCIO QUE PUEDE PARECER NORMAL
El caso de las gasolineras vinculadas por autoridades estadounidenses al CJNG revela una característica del crimen organizado moderno: no siempre necesita operar a plena vista para generar ganancias.
Puede utilizar empresas, sociedades mercantiles y personas cercanas para construir una fachada comercial.
La gasolinera puede parecer un negocio común.
Las bombas funcionan.
Los clientes llegan.
El combustible se despacha.
Y el dinero circula.
La diferencia, según las investigaciones citadas, estaría en determinar quién controla realmente el negocio y cuál es el origen del combustible que llega hasta el tanque de los consumidores.
Para las autoridades financieras, esa pregunta puede ser la diferencia entre una operación comercial ordinaria y una pieza dentro de una estructura de lavado de dinero y comercialización de hidrocarburos ilícitos.
