Con el propósito de modernizar la estructura gubernamental, eliminar redundancias burocráticas y garantizar una gestión pública eficiente, transparente y con alto sentido social, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
La propuesta plantea una serie de modificaciones orientadas a adecuar la estructura de la Ley a los cambios legislativos y administrativos registrados durante las últimas dos décadas, así como a precisar las competencias y responsabilidades de las instituciones que integran la administración estatal.
Entre los principales planteamientos se encuentra la delimitación entre la Administración Pública Centralizada y la Administración Pública Paraestatal. Por ello se establece expresamente que las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada no constituyen personas jurídicas distintas entre sí, sino que forman parte del Gobierno del Estado, al que corresponderá la titularidad de los derechos, obligaciones y responsabilidades derivados de su actuación.
En contraste, las entidades que conforman la Administración Pública Paraestatal cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, diferenciados e independientes de los del Gobierno del Estado. Esta distinción busca establecer con claridad el régimen aplicable a cada forma de organización administrativa y brindar certeza respecto de la titularidad de los bienes, derechos, obligaciones y responsabilidades frente a terceros.
En materia económica y laboral, se propone transferir y fusionar las atribuciones de la Secretaría de Trabajo a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para crear la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo. La iniciativa sostiene que esta integración permitiría reducir duplicidades administrativas y generar una instancia capaz de vincular la atracción de inversiones con la generación de empleo formal, la productividad con la capacitación laboral y el crecimiento económico con mejores condiciones de vida para la población.
Respecto de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas, la iniciativa plantea modificar la denominación de la actual Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA) para que se denomine Secretaría de Pueblos Originarios, Afromexicano, Lenguas e Interculturalidad. Esto se acompaña de la transferencia de atribuciones, recursos, programas y funciones del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca (ILEO) a dicha dependencia, con el propósito de fortalecer una política lingüística transversal y la protección de los derechos lingüísticos de estas comunidades.
Otro de los cambios planteados consiste en trasladar a la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado las atribuciones relacionadas con el refrendo de los actos administrativos de carácter general que suscriba el Gobernador, así como determinadas funciones vinculadas con los procedimientos de expropiación, ocupación temporal y limitación de dominio. La iniciativa señala que esta medida busca dar continuidad a las funciones de revisión jurídica, refrendo y publicación oficial.
Asimismo, propone reconocer en la legislación que la fe pública constituye una potestad pública del Estado y que, en el ámbito de la Administración Pública Estatal, el Gobernador es su depositario originario. Su ejercicio podrá conferirse a personas servidoras públicas o particulares legalmente habilitados, conforme a las disposiciones aplicables.
La Mesa Directiva turnó esta iniciativa a la Comisión Permanente de la Administración Pública, donde será analizada y dictaminada para su posterior discusión en el Pleno de la LXVI Legislatura.
