La salida de Diego Javier Carreño López, quien se desempeñaba como Director Jurídico de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Gobierno de Oaxaca, abrió nuevamente el debate sobre el funcionamiento de esa dependencia y sobre una serie de señalamientos de presuntas irregularidades que han sido planteados en torno a la operación del Programa de Administración y Desarrollo de Contratistas de Obras (Padeco).
De acuerdo con críticas difundidas recientemente, Carreño López habría sido señalado por presuntas prácticas de cobro y manejo discrecional de las clasificaciones de contratistas.
Las acusaciones sostienen que para acceder a determinadas categorías se habrían solicitado cantidades que irían de los 50 mil a los 300 mil pesos, dependiendo del nivel asignado. Hasta ahora, estos señalamientos deben ser considerados como denuncias y requieren ser acreditados por las autoridades competentes.
El cuestionamiento también alcanza a Leticia Elsa Reyes López, titular de la Secretaría de Honestidad, a quien se responsabiliza políticamente por el funcionamiento de los mecanismos de control y supervisión de la dependencia. Las críticas plantean que el esquema habría generado obstáculos para pequeñas y medianas empresas locales interesadas en participar en contratos de obra pública.
Otro de los señalamientos apunta a la existencia de empresas que presuntamente habrían sido utilizadas para facilitar la participación de terceros en procesos de contratación, mediante el cobro de porcentajes sobre el monto de las obras.
Entre las empresas mencionadas en las acusaciones aparecen Materiales para Construcción Tres Ramos, S.A. de C.V. y Construcción y Maquinaria Iturralde, S.A. de C.V., sin que ello implique, por sí mismo, la acreditación de alguna conducta ilícita.
Las denuncias también cuestionan la supuesta negociación de opiniones normativas emitidas por la propia Secretaría de Honestidad, mecanismo que tendría como finalidad revisar la legalidad de determinados procesos administrativos.
De comprobarse alguna intervención indebida, se trataría de un asunto de especial gravedad, debido a que la dependencia tiene precisamente la responsabilidad de vigilar y sancionar posibles actos de corrupción dentro del gobierno estatal.
El caso coloca bajo presión a la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, pues la salida de un funcionario no necesariamente resuelve las dudas sobre la operación institucional de la Secretaría de Honestidad.
El reto, más allá de una remoción, consiste en esclarecer los señalamientos, determinar responsabilidades y garantizar reglas transparentes para quienes participan en la obra pública.
En un sector donde participan cientos de empresas y se generan miles de empleos, cualquier esquema que limite la competencia o encarezca artificialmente la contratación termina afectando no sólo a los empresarios, sino también la calidad y el costo de las obras que se realizan con recursos públicos.
El caso demanda investigaciones formales, transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía requiere saber si las acusaciones tienen sustento y, en su caso, quiénes fueron responsables y qué medidas adoptará el Gobierno de Oaxaca.
