Una empleada de un negocio de telefonía fue amagada con una navaja, atada de las manos y amordazada durante un asalto ocurrido en marzo de 2025 en Zimatlán de Álvarez. El presunto responsable habría escapado con 63 teléfonos celulares, cuyo valor conjunto fue estimado en aproximadamente 259 mil pesos.
Más de un año después de los hechos, un hombre identificado con las iniciales H.O.G. quedó sujeto a proceso penal por su probable participación en el robo con violencia física y moral.
La autoridad judicial también le impuso prisión preventiva justificada. Además, estableció un plazo de tres meses para que continúe la investigación complementaria.
EL ASALTO OCURRIÓ EN MARZO DE 2025
Los hechos se registraron el 9 de marzo de 2025, en un establecimiento dedicado a la venta de teléfonos celulares y accesorios ubicado en el Barrio San Lorenzo, en Zimatlán de Álvarez.
De acuerdo con la investigación, el hombre habría ingresado al local bajo el argumento de realizar un pago. Una vez dentro, presuntamente sacó una navaja y amenazó a la encargada del establecimiento.
La trabajadora habría sido sometida, atada de las manos y amordazada. Durante el ataque sufrió diversas lesiones.
Después de controlar a la empleada, el probable responsable habría tomado 63 teléfonos celulares de diferentes marcas que se encontraban en exhibición. Y, posteriormente, abandonó el establecimiento.
EL BOTÍN SUPERÓ LOS 259 MIL PESOS
El robo no sólo representó una agresión contra la trabajadora. También provocó una afectación económica considerable para el establecimiento.
La investigación estima que el valor de los teléfonos sustraídos asciende a aproximadamente 259 mil pesos.
La cifra da una dimensión del impacto patrimonial del asalto, ocurrido en un negocio abierto al público y en una zona comercial de este municipio de los Valles Centrales.
MÁS DE UN AÑO DESPUÉS, HAY UN IMPUTADO
Tras el reporte del delito se desarrollaron diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar al probable responsable y reunir elementos que pudieran ser presentados ante un juez.
Como resultado de esas investigaciones se obtuvo una orden de aprehensión contra H.O.G.. Quien posteriormente fue llevado ante la autoridad judicial.
Durante la audiencia correspondiente, el juez analizó los datos de prueba presentados y determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de robo con violencia física y moral a las personas.
Es importante precisar que la vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. El acusado mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.
PRISIÓN PREVENTIVA Y TRES MESES PARA INVESTIGAR
Como medida cautelar, el juez determinó que H.O.G. permanezca en prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso.
La autoridad judicial fijó además un periodo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Etapa en la que las partes podrán incorporar nuevos elementos al expediente.
Será durante el desarrollo del proceso cuando se determine la responsabilidad penal del imputado y, en su caso, las consecuencias jurídicas correspondientes.
UN ROBO QUE DEJÓ DOS TIPOS DE VÍCTIMAS
El caso evidencia dos dimensiones de un mismo delito: la afectación patrimonial y la violencia ejercida contra una trabajadora.
Los teléfonos representan una pérdida económica cuantificable; las lesiones y el sometimiento de la empleada constituyen una afectación que trasciende el valor de los objetos robados.
También queda pendiente conocer el impacto que tuvo el asalto en la operación del establecimiento y en la persona que fue agredida, aspectos que no aparecen detallados en la información del caso.
Mientras tanto, el proceso judicial continuará con el imputado sujeto a la medida cautelar establecida por el juez y con la investigación complementaria aún abierta.
