La regidora de Agencias y colonias, Samantha Yaret Vázquez Munguía, solicitó a los integrantes del cabildo, investigar el actuar de personal de Contraloría, acusado de posiblemente emitir amenazas contra el agente de Vista Hermosa, y que fuera cesado mientras se llevaba el proceso; al tener que dar su voto de calidad, el edil Manuel Martín Aguirre Ramírez, se opuso.
A través de un punto de acuerdo, la concejal pidió nombrar una comisión plural de regidores que investigue, analice y dictamine sobre el actuar de los funcionarios, esto, tras la denuncia pública que emitió el agente de policía de Vista Hermosa, Baruc Ramírez Hernández.
Los funcionarios señalados por el agente y a quien pidió investigar, fueron Elvia Esmeralda Rodríguez Castillo y Roberto Pacifuentes Pacheco.
En su escrito y participación en cabildo, el 28 de noviembre del año en curso, el agente de policía había dado a conocer la problemática con un predio denominado La Matanza, en el que se construiría una cancha de futbol siete.
La autoridad auxiliar proponía que dicha obra fuera cambiada de lugar “ya que La Matanza se encontraba bajo la protección de un amparo promovido por la ciudadana Reyna Angélica”, dijo.
“En su intervención, denunció que la abogada de la contraloría municipal, Elvia Esmeralda Rodríguez Castillo, había acudido a las oficinas de la agencia de policía de Vista Hermosa, amenazándolo de no realizar ningún trabajo en el paraje conocido como La Matanza, ya que ella contaba con la suficiente influencia para evitarlo”, anexó la regidora.
“Asimismo, el agente dijo que la funcionaria es hermana de la que se dice ser dueña del paraje, por lo que se considera su actuar fuera de lo que debe hacer como funcionaria municipal”, agregó.
También expuso ante el cabildo que el agente manifestó que el actor jurídico de este ayuntamiento, Roberto Pacifuentes, dejó pasar los términos conforme a la ley para contestar y presentar pruebas para defender el interés del municipio ante el amparo de la ciudadana Reyna Angélica.
Ante esta situación, propuso la creación de dicha comisión de regidores que sepan de la denuncia del agente Baruc Ramírez Hernández en contra de los funcionarios municipales citados, para que analice y presente el dictamen correspondiente al caso al pleno del cabildo.
Basó su petición con respecto al artículo 57, 73 fracción III, 75 y 90 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Oaxaca, artículos 9, 16, 28 y 34 del reglamento de la administración pública municipal de Huajuapan.
“Tomando en consideración que los funcionarios públicos denunciados forman parte de la Contraloría municipal quien debe saber que este tipo de denuncias no pueden ser atendidas por dicha área”, abundó.
Vázquez Munguía pidió en su punto de acuerdo que “se separe de manera temporal a los funcionarios en mención de sus cargos, ya que su conocimiento y función en sus áreas, pueden entorpecer la investigación correspondiente”.
AUTORIDADES, JUEZ Y PARTE
Al ponerse a consideración de los integrantes del cabildo, intervino el regidor de Vialidades y movilidad, Víctor Hugo Espíndola Galicia, para manifestar que el punto presentado es importante para analizarse en cabildo, sobre todo porque se trata de funcionarios públicos ante lo cual el ciudadano y autoridad municipal debe ejercer sus derechos.
No obstante, dijo que es importante que el agente municipal acudiera ante las instancias competentes, como son la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca o la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, porque hasta donde el cabildo tenía conocimiento, esto no se había hecho, “después de la denuncia pública, ya no se presentó”, dijo.
A pesar de involucrar directamente a funcionarios públicos de Contraloría que se encargan de recibir, investigar y resolver las quejas presentadas por la ciudadanía, el regidor de Ordenamiento territorial y obras públicas, Raúl Sotero Mendoza Sandoval, consideró que es un caso que no le compete al ayuntamiento, que el agente tendría que ir a las instancias correspondientes.
La regidora de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, Dulce Belén Uribe Mendoza, afirmó que el caso sí le compete a los concejales porque así lo establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
“Tenemos un órgano de control que es el área a la que le corresponde investigar pero hay un conflicto con los funcionarios, que la directora del área jurídica es a la misma persona que el agente está señalando, entonces al haber un conflicto, sí tenemos que intervenir nosotros”, expuso.
Agregó que lo que le preocupa es que el día que compareció el agente, se refirió al director jurídico pero no dice el nombre y en el segundo punto del escrito de la regidora dice Roberto Pacifuentes, entonces habrá que identificar a quién se refería exactamente, lo que sería competencia de la comisión, para saber también qué fue lo que sucedió.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 91, apuntó, establece que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas contra los funcionarios se iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas.
“Entonces yo le preguntaría al contralor qué está haciendo a partir de que se expuso la denuncia contra el personal que está bajo su responsabilidad, claro que nos compete, la ley lo establece”, reiteró.
También dijo que “el área de Contraloría ha inhabilitado a funcionarios hasta por cinco años aunque no le compete y el cabildo, pese a que está viendo conflicto de intereses, está haciendo caso omiso e incurriendo en faltas por ello”.
Eduardo Jaime Silva Hernández dijo que era claro que el agente señaló directamente a la funcionaria pero no a él, no obstante dijo que era procedente el punto de acuerdo y habría que considerarlo.
Leydith Cruz Chávez, regidora de Educación, cultura y deporte, dijo que las facultades, misión y visión de la contraloría están publicadas incluso en la página de transparencia y su reglamento, pero que “se han transgredido porque ha habido varias manifestaciones de diversos ciudadanos y no se han atendido y sí es facultad del cabildo, si ya está puesto en la mesa, es correcto que apoyemos y se vigile el trabajo de la contraloría”.
Agustín Vargas Ramírez, regidor de Seguridad Pública, consideró que “estas acciones denostan, humillan y eso afecta al ayuntamiento, yo no comprendo por qué se toman este tipo de actitudes”, dijo.
El punto de acuerdo se sometió a votación pero hubo un empate entre los votos a favor, abstenciones y en contra, así que la decisión quedó en manos del presidente municipal quien votó en contra del punto de acuerdo.
Con ello, permitió que el personal de contraloría que está señalado de posiblemente incurrir en amenazas y otros delitos, continúe en sus cargos y no se tenga que iniciar, por parte de una comisión de regidores, una investigación en su contra porque es la misma área la que tendría que investigar.
