En lo que va de la administración estatal del gobernador Salomón Jara Cruz, en el estado de Oaxaca se han registrado al menos 40 casos de violencia política en razón de género, de acuerdo con el registro de la asociación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario ya Equidad.
Este tipo de violencia se ha ejercido en contra de regidoras, presidentas municipales, síndicas, tesoreras municipales, agentas municipales y diputadas, detalla el seguimiento hemerográfico de los casos.
De acuerdo con los datos de la Organización, la violencia en contra de las más de 40 mujeres con algún cargo en la administración pública ha sido mediante impedimentos para la realización de sus funciones, acoso, intento de feminicidio, agresiones físicas, amenazas de muerte, insultos, impedimento para una candidatura e incluso ha derivado en asesinato, como lo fue en el caso de la entonces presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto.
Los agresores de estas mujeres han sido principalmente presidentes municipales, regidores, ex presidentes y síndicos, como se observa en el registro de la organización.
En las últimas semanas se reportó uno de los últimos casos de este tipo de violencia, con el que a la fecha serían 41 en esta administración estatal en Oaxaca.
Este corresponde al de la presidenta de Santiago Choápam, Dolores Luciano Valadés, y por el que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo como presuntos responsables el síndico y el regidor de Hacienda.
Sin embargo, este lunes, habitantes de ese municipio se manifestaron para exigir la liberación de ambos, al considerar que su aprehensión fue injusta y que las pruebas de la presidenta supuestamente son falsas.
Desde temprana hora, un grupo de habitantes de Choápam, municipio de la región Cuenca del Papaloapan, bloqueó la carretera federal 190, a la altura del estadio de beisbol Eduardo Vasconcelos -Yu’va para exigir la liberación de ambos y una mesa de diálogo con el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.
Poco después, el contingente marchó hacia el Palacio de Gobierno y se plantó para exigir nuevamente la liberación de Jorge Méndez Martínez, síndico municipal, y de Avelino Bartolo Cruz, regidor de Hacienda.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México (FGEO) la detención de las dos personas fue por el presunto delito de violencia política agravada contra las mujeres en razón de género, por hechos ocurridos en junio de 2026, durante una reunión comunitaria en Santo Domingo Latani, Santiago Choápam.
En aquella ocasión, “la presidenta municipal fue desacreditada en el ejercicio de sus funciones, además de sufrir amenazas, intimidación y ser retenida contra su voluntad por el regidor y síndico del municipio”. A partir de la investigación, la institución señaló que Dolores “habría sido obligada a firmar un acta con la que pretendían hacerla renunciar a su cargo y desconocerla como autoridad municipal”.
