Un servidor público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) es investigado formalmente por la propia institución tras ser señalado de solicitar dinero en efectivo a cambio de la devolución de un vehículo asegurado. Mientras se esclarece este presunto acto de corrupción que comenzó a circular con fuerza en redes sociales, la situación jurídica de la unidad quedó aclarada: el automotor se encuentra congelado bajo un proceso penal de extinción de dominio y ningún funcionario tiene la facultad legal de entregarlo.
ESCÁNDALO EN REDES SOCIALES DETONA INVESTIGACIÓN
La alerta se encendió luego de que diversos medios de comunicación y plataformas digitales difundieran una denuncia pública que acusaba directamente a un empleado de la Fiscalía de exigir un cobro indebido para regresar una camioneta a su aparente dueño. Ante la gravedad de las acusaciones, la Contraloría General y la Visitaduría General de la institución tomaron cartas en el asunto e iniciaron los procedimientos administrativos y de supervisión para determinar si el señalamiento tiene sustento y sancionar penalmente a quien resulte responsable.
UN DECOMISO POR NARCOMENUDEO
De acuerdo con los expedientes oficiales de la corporación, el vehículo en discordia es una camioneta Nissan Frontier, modelo 2024, color negro. Dicha unidad fue interceptada y asegurada por elementos policiales el 8 de junio de 2025 durante un operativo táctico contra delitos de salud en su modalidad de narcomenudeo.
Al momento de la inspección, los agentes localizaron diversas dosis de narcóticos ocultas en el interior de la cabina. Por este motivo, la camioneta quedó bajo resguardo inmediato del Ministerio Público al ser catalogada formalmente como un instrumento directo para la comisión de un delito.
EN MANOS DE UN JUEZ FEDERAL
Meses después del decomiso, el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Extinción de Dominio promovió una medida cautelar sobre el bien inmueble. Dicha solicitud fue concedida y notificada formalmente a la Fiscalía el 14 de enero de 2026. Posteriormente, en abril de este mismo año, se interpuso la demanda formal de extinción de dominio, un juicio especializado que sigue su curso legal.
La institución de procuración de justicia enfatizó que la camioneta permanece físicamente en sus corralones, pero su destino final depende estrictamente de lo que dicte el juez de la causa. Por lo tanto, se recalcó que ningún funcionario tiene atribuciones para negociar o liberar el vehículo, lo que sepulta la validez de cualquier promesa de devolución a cambio de sobornos. La Fiscalía reiteró que no se tolerará la impunidad ni la corrupción en sus filas, prometiendo llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación administrativa interna.
