En el corazón de la Sierra Sur de Oaxaca, la disputa por el control político y financiero del municipio de San Sebastián Río Hondo rebasó cualquier límite institucional. Lo que inició como una reunión de trabajo en la comunidad de El Portillo derivó en la retención ilegal del presidente municipal constitucional, Rigoberto Primitivo Ramírez López, y de cinco personas más, entre ellas el reportero Graciano Gómez Lescas, de TV Bus, quien se encontraba documentando la actividad institucional.
El incidente pone al descubierto una escalada alarmante de gobernabilidad fallida, donde cacicazgos locales y desacuerdos comunitarios terminan usando la privación de la libertad como moneda de cambio, afectando no solo la representatividad civil, sino violentando el ejercicio periodístico de observadores independientes.
REHENES DEL PODER LOCAL
De acuerdo con los reportes recogidos, el edil Ramírez López acudió al sitio acompañado de su comitiva e integrantes del barrio. En el lugar, un grupo encabezado presuntamente por el Presidente Comunitario Indígena de la cabecera municipal, Efraín Ramírez Hernández, y un agitador local, cerró el paso e impidió la salida de las autoridades.
Entre las víctimas de este reten se encuentran también Juan Hernández (alcalde suplente), Juan Domingo Pascual Velásquez (secretario municipal), Cirilo Eduardo Hernández (representante del barrio El Portillo) e Irma Martínez (esposa del líder comunitario).
Esta agresión no es fortuita. El municipio acumula meses de un duro litigio político marcado por denuncias de presuntas amenazas armadas, el reclamo de fondos públicos y la falta de reconocimiento entre las autoridades constitucionales y la Autoridad Comunitaria Indígena.
EL PERIODISMO, BLANCO DE LA VIOLENCIA CORPORATIVA
La presencia del comunicador Graciano Gómez Lescas entre los retenidos encendió las alarmas de gremios y defensores de libertad de prensa. La legislación penal mexicana y los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son contundentes: la labor informativa no debe confundirse con una toma de postura en pugnas locales ni ser instrumentalizada para ejercer presión.
Sin embargo, el ecosistema digital exacerbó la vulnerabilidad del periodista. Mientras sectores de la sociedad civil urgieron el esclarecimiento, usuarios en redes sociales vertieron ataques y estigmatizaciones infundadas contra Gómez Lescas, una conducta precursora de agresiones físicas que los organismos multilaterales como la UNESCO han catalogado como disparador de impunidad.
RESPUESTA INSTITUCIONAL BAJO EL LUPA
Frente a la inacción inicial recriminada por los familiares, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO) emitió un pronunciamiento un día después de los hechos.
“La Secretaría de Gobierno de Oaxaca informa que, desde ayer miércoles 2 de septiembre, cuando tuvo conocimiento de la retención de seis personas […] estableció intervención inmediata mediante el diálogo y la concertación con las partes involucradas […]. Durante este jueves continuarán de manera permanente las acciones de diálogo para alcanzar una solución que permita restituir la libertad de las personas retenidas”.
A pesar del compromiso institucional formulado por la SEGO, la comunidad y los deudos exigen la intervención de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, la FEADLE y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Finalmente, las mesas de concertación no deben suplantar la aplicación rigurosa de la ley: convertir autoridades y periodistas en rehenes es un delito grave que no puede saldarse únicamente con arbitrajes políticos.
