Oaxaca se encuentra en etapa de diagnóstico para construir planes de acción, pero aún sin presupuesto asignado.para la aplicación obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, advirtió el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación de dicho Código en la entidad
Nuestra entidad enfrenta un escenario complejo caracterizado por rezago judicial, altas cargas de trabajo, infraestructura obsoleta y sedes judiciales sin conectividad a internet a apenas ocho meses del plazo fijado al Poder Judicial, advirtio.
Díaz Carranza explicó que la sociedad tiene arraigada una cultura del litigio en la que toda controversia cotidiana busca judicializarse; sin embargo, no todos los asuntos se resuelven a tiempo o con una solución efectiva, lo que incrementa las cargas laborales en los juzgados.
El magistrado presidente de la Comisión para la Implementación de dicho Código abundó que, para analizar este panorama, el próximo 30 y 31 de agosto de 2026 se llevará a cabo el 3er Foro Nacional con enfoque regional en Oaxaca, teniendo como sedes las regiones de la Cañada y la Mixteca.
Entre los especialistas e invitados confirmados para el foro se encuentran: Ricardo Sodi Cuéllar, Ricardo Sepúlveda Iguíniz y Yaopol Pérez Amaya Jiménez. Los notarios públicos Ricardo Vargas Navarro y José Luis Leal Campos, Alejandro Zegbe Camarena, Sabela Asiain Hernández, Erik Grifaldo Maldonado y Tomás López Sarabia.
Bajo el título “El Código Nacional y nuestra realidad ¿Cómo adaptarlo?”, el encuentro busca socializar el ordenamiento jurídico, analizar su operatividad y discutir cómo aplicarlo en un contexto caracterizado por la pluriculturalidad, la diversidad lingüística y una geografía compleja.
Apuestan por la justicia digital y la mediación para despresurizar juzgados
Frente a la realidad operativa del estado, Juan Carlos Díaz Carranza señaló que la estrategia de implementación no solo dependerá de la entrada gradual de los juicios, sino de buscar alternativas reales para despresurizar el trabajo jurisdiccional.
Entre las opciones planteadas por la Comisión destacan:
El fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
La intervención de notarias y notarios públicos.
La participación de autoridades municipales como primer contacto.
La incorporación de herramientas de justicia digital e inteligencia artificial.
