La polémica por una supuesta “lista negra” de periodistas, políticos y cuentas críticas al gobierno federal escaló este viernes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara que su administración haya elaborado un registro para señalar o perseguir a sus detractores.
Desde Palacio Nacional, la mandataria defendió a Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, quien un día antes presentó un análisis sobre una presunta “red de amplificación digital” contra la Cuarta Transformación.
Sheinbaum sostuvo que el contenido de esa exposición fue interpretado de manera distinta a su propósito original.
“No hay ninguna lista”, afirmó la presidenta, al señalar que Alcalde explicó cómo operan determinadas cuentas y mecanismos de difusión en redes sociales, pero que en ningún momento presentó un listado destinado a sancionar a personas.
UNA PRESENTACIÓN QUE ENCENDIÓ LAS ALERTAS
La controversia surgió después de que Alcalde expusiera un análisis elaborado por el gobierno federal sobre la actividad digital registrada entre el 1 de enero y el 8 de agosto de 2026.
Según los datos presentados por la funcionaria, fueron identificadas 560 mil 520 cuentas relacionadas con políticos, comunicadores, medios y usuarios anónimos, además de más de 22 millones de publicaciones que, de acuerdo con el estudio, tuvieron como objetivo principal cuestionar o atacar al gobierno federal y a la presidenta.
El informe dividió la supuesta operación en cuatro niveles.
En el primero ubicó 54 cuentas de medios y analistas políticos; en el segundo, 32 políticos y figuras públicas; en el tercero, 34 cuentas anónimas o identificadas como trolls, y en el cuarto, un supuesto anillo de alrededor de 500 mil bots encargados de reproducir contenidos de manera masiva.
La inclusión de nombres de periodistas, medios y personajes políticos fue lo que provocó una reacción inmediata entre comunicadores y sectores de oposición.
“¿A QUIÉN SE LE CENSURA?”
Ante las críticas, Sheinbaum rechazó que exista una política de censura desde el Ejecutivo.
“Si hay la mayor libertad de expresión de la historia, ¿a quién se le censura? Pregunto: ¿a quién? A nadie”, sostuvo.
La presidenta aseguró que durante su administración no se ha instruido limitar la pluralidad de voces ni sancionar a periodistas por sus posiciones críticas.
También contrastó su gobierno con administraciones anteriores, al afirmar que, durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sí existieron prácticas de presión hacia periodistas y medios.
El argumento, sin embargo, no resuelve por sí mismo la controversia actual: el punto central del debate no es únicamente si existe una sanción formal, sino qué propósito tiene identificar públicamente a cientos de miles de cuentas y señalar a determinados comunicadores y actores políticos como parte de una estructura de ataque digital.
LA DISPUTA POR LAS REDES SOCIALES
El gobierno federal sostiene que el análisis busca explicar cómo se construyen y amplifican determinadas narrativas políticas en plataformas digitales.
De acuerdo con la presentación de Alcalde, apenas 33 por ciento de las menciones analizadas pudieron ser geolocalizadas en países como México, Estados Unidos, España, Argentina, Venezuela, Colombia, Indonesia y Perú.
El estudio también atribuyó distintos papeles a las cuentas detectadas. Algunas serían generadoras de contenidos; otras, amplificadoras políticas; mientras que las cuentas anónimas y los supuestos bots tendrían la función de multiplicar los mensajes.
Entre las cuentas mencionadas aparecen nombres como Atypical, Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, El Universal y Reforma, además de políticos como Alejandro Moreno y Xóchitl Gálvez.
La presentación, por tanto, no se limitó a describir un fenómeno abstracto: identificó públicamente a medios, periodistas y políticos, lo que explica buena parte de la reacción que provocó.
EL GOBIERNO DEFIENDE TAMBIÉN SUS NUEVAS REGLAS PARA LOS MEDIOS
En medio de la controversia, Sheinbaum volvió a defender la propuesta para establecer códigos de ética y defensores de audiencias en los medios de comunicación.
La presidenta argumentó que las medidas, actualmente sometidas a consulta ciudadana, buscan establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no controlar los contenidos periodísticos.
“¿Qué tiene eso de censura? Nada. Absolutamente nada”, declaró.
Según su explicación, cada medio tendría que establecer su propio código y ofrecer mecanismos para que las audiencias puedan presentar inconformidades.
El planteamiento, no obstante, aparece en un momento especialmente sensible: ocurre apenas después de que el gobierno exhibiera un análisis en el que identifica a medios y comunicadores como participantes de una presunta red de amplificación de críticas.
EL DEBATE SIGUE ABIERTO
La discusión deja dos posiciones claramente enfrentadas.
Por un lado, el gobierno sostiene que analizar la actividad digital y exhibir la existencia de redes coordinadas no equivale a censurar, y que conocer cómo se propagan determinados contenidos forma parte del debate democrático.
Por otro, las críticas advierten que señalar públicamente a periodistas, medios y opositores dentro de una supuesta estructura de ataque puede generar un efecto intimidatorio, aun cuando no exista una sanción legal directa.
La diferencia resulta fundamental: demostrar que existen campañas coordinadas en redes requiere evidencia técnica verificable; pero asociar cuentas, periodistas o políticos con una operación organizada también exige transparencia sobre la metodología utilizada.
Hasta ahora, la discusión se mantiene en el terreno político y mediático. El gobierno insiste en que no existe una “lista negra”; sus críticos cuestionan el alcance y las implicaciones de haber identificado públicamente a quienes aparecen en el análisis.
En resumen, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa una disputa que cada vez pesa más en la política mexicana: quién controla el relato en internet y hasta dónde puede llegar un gobierno al investigar a quienes lo cuestionan sin convertir esa vigilancia en una forma de presión.
