La posibilidad de que Johan Matus Marcial, señalado como uno de los involucrados en la desaparición forzada de la activista y defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu, pueda recuperar su libertad generó una nueva confrontación entre la familia de la víctima y autoridades judiciales en Oaxaca.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del XIII Circuito determinó mantener su decisión de conceder protección judicial al exasesor jurídico del gobierno municipal de Asunción Nochixtlán, resolución que, de acuerdo con los familiares de Uruchurtu, contradice los criterios establecidos previamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La familia calificó el fallo como “un nuevo revés a la justicia” y acusó que nuevamente se privilegia una resolución que podría beneficiar a quienes, consideran, están relacionados con la desaparición de la activista.
ACUSAN QUE NO SE APLICARON CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE
El conflicto jurídico se remonta a febrero de este año, cuando la Suprema Corte solicitó al Tribunal Colegiado revisar la decisión de liberar a Matus Marcial bajo criterios de perspectiva de género, estándares internacionales y considerando la condición de Claudia Uruchurtu como defensora de derechos humanos.
Sin embargo, tras analizar nuevamente el expediente, el Tribunal resolvió mantener su postura el pasado 17 de julio de 2026, determinación que fue notificada a la familia hasta el 22 de julio.
Los familiares señalaron que las magistradas y magistrados invalidaron pruebas periciales y no atendieron los lineamientos establecidos por el máximo tribunal del país.
FAMILIA DENUNCIA POSIBLE IMPUNIDAD Y SEÑALA INTERVENCIÓN POLÍTICA
A través de un comunicado, la familia Uruchurtu expresó su rechazo a la resolución y afirmó que se trata de una práctica que ya habría ocurrido dentro del mismo caso, al recordar la liberación de la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, también relacionada con la investigación por la desaparición de Claudia.
Además, la familia señaló directamente al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al afirmar que presuntamente ha existido una influencia política en el desarrollo del proceso.
“Todo el tiempo ha sido él, desde que era senador de la República y ahora como gobernador de Oaxaca, es evidente ahí ha estado su mano. ¿De qué otra forma te lo explicas?”, expresó la familia en su posicionamiento.
ADVIERTEN QUE BUSCARÁN NUEVAS VÍAS LEGALES
Los familiares acusaron que el Tribunal Colegiado trasladó la responsabilidad hacia la Fiscalía General del Estado de Oaxaca al señalar presuntas deficiencias en la integración del caso, situación que —advirtieron— podría favorecer a personas señaladas por la desaparición.
“Favorecería a los criminales que desaparecieron a mi hermana quienes podrían quedar libres, como es el caso de Johan Ricardo Matus Marcial, a quien se le concede el amparo que había revocado la Corte”, señalaron.
Ante la resolución, anunciaron que presentarán dos nuevos recursos legales con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelva a intervenir en el expediente.
“LO IMPORTANTE ES SABER DÓNDE ESTÁ CLAUDIA”: FAMILIA
Más allá de la disputa jurídica, la familia insistió en que la principal exigencia continúa siendo conocer el paradero de Claudia Uruchurtu, desaparecida en marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán.
Elizabeth Uruchurtu sostuvo que las personas que permanecen vinculadas al caso tienen información clave para esclarecer qué ocurrió con la activista.
“Para la familia lo importante es saber ¿dónde está Claudia?”, afirmó, al señalar que existen otras vías para obtener información sobre el paradero de su hermana.
El caso continúa marcado por cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y por una prolongada exigencia de justicia para esclarecer la desaparición de la activista de origen británico-mexicano.
