La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) pidió a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) revisar de manera profunda su propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que algunas disposiciones planteadas podrían rebasar las atribuciones legales del órgano regulador y modificar indebidamente la función de las defensorías.
En el marco de la consulta pública abierta por la CRT, la organización reconoció la importancia de fortalecer los mecanismos de protección al derecho a la información y la libertad de expresión, pero advirtió que la nueva normativa debe evitar ambigüedades jurídicas y respetar los límites establecidos en la legislación vigente.
“La AMDA expresa su compromiso con la consolidación de un marco regulatorio garantista, plural y viable”, señaló la asociación, al destacar que cualquier regulación debe colocar a las audiencias en el centro del debate.
SEÑALAN QUE LA CRT PODRÍA EXCEDER SUS FACULTADES
Uno de los principales cuestionamientos de la AMDA es que algunos apartados de los lineamientos otorgarían a la CRT atribuciones que no están contempladas expresamente en la ley.
La asociación sostuvo que la protección de los derechos de las audiencias debe construirse desde un equilibrio entre regulación, responsabilidad ética de los medios y participación ciudadana, sin generar mecanismos que puedan convertirse en esquemas de fiscalización excesiva.
“Los Lineamientos en consulta exceden las facultades que la ley le otorga a la CRT”, afirmó la organización en su posicionamiento.
Para la AMDA, la regulación debe apegarse estrictamente al marco constitucional y legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, evitando interpretaciones que puedan afectar la libertad editorial o generar incertidumbre para concesionarios y audiencias.
DEFENSORÍAS NO DEBEN SER ÓRGANOS SANCIONADORES: AMDA
Por otra parte, un punto central de la crítica está relacionado con el papel de las defensorías de las audiencias. La asociación advirtió que la propuesta regulatoria podría trasladarles responsabilidades que corresponden directamente a las empresas concesionarias.
Así que la AMDA recordó que estas figuras tienen una naturaleza de mediación y diálogo, no de autoridad sancionadora.
“Las defensorías no son órganos cuasi-jurisdiccionales ni de sanción; son de recomendaciones no vinculantes para tender puentes democráticos”, puntualizó.
Según la organización, convertir a las defensorías en instancias con funciones similares a tribunales o autoridades regulatorias podría debilitar su independencia. Además, afectar su objetivo principal: facilitar la relación entre medios y ciudadanía.
PIDEN INCLUIR A INFANCIAS, DIVERSIDADES Y COMUNIDADES EXCLUIDAS
La AMDA también llamó la atención sobre sectores sociales que, desde su perspectiva, no están suficientemente contemplados en la propuesta de lineamientos.
Entre ellos mencionó a niñas, niños, adolescentes, personas pertenecientes a diversidades sexogenéricas y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad.
“Una regulación en la materia debe visibilizar de manera explícita los derechos de las infancias y las adolescencias, la perspectiva de género y la erradicación de toda discriminación”, sostuvo.
En ese sentido, la asociación consideró que una política pública de protección de audiencias debe reconocer la diversidad social del país y garantizar que todas las personas tengan acceso a información plural, incluyente y libre de discriminación.
COMUNIDADES INDÍGENAS Y MEDIOS COMUNITARIOS, ENTRE LOS PUNTOS PENDIENTES
Otro de los señalamientos de la AMDA se refiere al tratamiento que recibirían las concesionarias indígenas, comunitarias y afromexicanas.
La organización afirmó que la propuesta no establece diferencias suficientes entre estos medios y los concesionarios comerciales o públicos, pese a que operan bajo condiciones económicas, sociales y culturales distintas.
“Resulta vital considerar las particularidades de las concesionarias comunitarias, indígenas y afromexicanas mediante criterios adaptados a sus realidades socioculturales que no impliquen cargas excesivas”, indicó.
Para la asociación, una regulación uniforme podría imponer obligaciones difíciles de cumplir para medios comunitarios que cumplen funciones esenciales de comunicación local y participación social.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN, EN EL CENTRO DEL DEBATE
La AMDA señaló que defender los derechos de las audiencias no significa limitar la libertad de expresión ni la autonomía editorial de los medios.
Por el contrario, afirmó que una regulación adecuada puede fortalecer la confianza pública y mejorar la calidad informativa.
Respecto a la diferenciación entre información y opinión, la organización consideró que los códigos de ética de cada medio son la vía adecuada para establecer criterios claros. Además cuestionó que la CRT pretenda intervenir en aspectos relacionados con la clasificación de información falsa o sin contexto.
“Sugerir distinciones entre información falsa o no contextualizada excede las facultades legales de la CRT”, expresó.
LLAMAN A UN DIÁLOGO ABIERTO PARA CORREGIR LOS LINEAMIENTOS
La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias informó que entregará sus observaciones dentro del proceso de consulta pública y pidió a la CRT abrir un diálogo directo con los sectores relacionados con la defensa de los derechos informativos.
Además, la organización insistió en que el objetivo debe ser construir una regulación sólida, aplicable y respetuosa de los derechos constitucionales.
“Sería deseable que la CRT establezca un diálogo directo y abierto con los sectores involucrados en el quehacer de las defensorías de las audiencias”, concluyó.
En resumen, la discusión sobre los nuevos lineamientos coloca nuevamente sobre la mesa el desafío de encontrar un equilibrio entre regulación pública, libertad de expresión y mecanismos efectivos para que las audiencias puedan ejercer plenamente su derecho a la información.
