Una serie de operativos federales permitió el desmantelamiento de cuatro presuntos centros clandestinos dedicados al procesamiento ilegal de hidrocarburos en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde fueron asegurados más de un millón de litros de combustibles y sustancias relacionadas, además de infraestructura industrial, maquinaria especializada y diversa documentación.
Las acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el llamado huachicol. Una actividad ilícita que durante años ha generado pérdidas millonarias al Estado, riesgos para la población y el fortalecimiento de redes de la delincuencia organizada.
SAN LUIS POTOSÍ CONCENTRÓ LOS MAYORES DECOMISOS
El mayor aseguramiento se realizó en una nave industrial del municipio de San Luis Potosí. Donde las investigaciones iniciaron tras denuncias ciudadanas que alertaban sobre el ingreso constante de autotanques al inmueble.
Con una orden de cateo, las autoridades localizaron ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, cilindros de almacenamiento, 894 contenedores tipo tótem, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico, equipo para tuberías, una camioneta, equipo de cómputo y entre 500 mil y 600 mil litros de petrolíferos.
Además, fueron asegurados alrededor de 40 sellos de seguridad utilizados en pipas. Así como diversa documentación que será integrada a las investigaciones.
En un segundo cateo, realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fueron encontrados 18 tanques verticales, dos líneas de producción, aproximadamente 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, así como muestras de ácido sulfúrico e hidrocarburos.
HIDALGO Y MORELOS TAMBIÉN BAJO INVESTIGACIÓN
En el municipio de Tizayuca, Hidalgo, otro operativo permitió asegurar 456 mil 300 litros de un líquido que será analizado para determinar su composición. Además de decenas de contenedores de distintas capacidades, equipos electrónicos y documentación relacionada con las actividades del inmueble.
Mientras tanto, en Cuautla, Morelos, las autoridades catearon un predio que era investigado tras reportes ciudadanos sobre el constante ingreso de pipas escoltadas y fuertes olores a combustibles.
En ese lugar fueron aseguradas muestras de sustancias almacenadas, documentos y talones de cheques que serán incorporados a la carpeta de investigación.
LAS DENUNCIAS CIUDADANAS FUERON CLAVE
De acuerdo con la información oficial, los operativos fueron resultado de trabajos de inteligencia, intercambio de información entre instituciones de seguridad y denuncias ciudadanas que permitieron ubicar los inmuebles utilizados presuntamente para el procesamiento clandestino de hidrocarburos.
Las investigaciones fueron desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con apoyo de corporaciones federales y personal especializado.
UN NEGOCIO ILÍCITO QUE SIGUE EVOLUCIONANDO
El hallazgo de instalaciones con líneas de producción, grandes tanques de almacenamiento y maquinaria especializada evidencia que el robo de hidrocarburos ha dejado de limitarse a la extracción ilegal de combustible de ductos para evolucionar hacia procesos más complejos de almacenamiento, tratamiento y comercialización.
Especialistas en seguridad han advertido que este tipo de infraestructura requiere inversiones importantes y capacidad logística. Por lo que su operación suele estar vinculada con organizaciones criminales que cuentan con redes de distribución y protección.
EL RETO SIGUE SIENDO DESMANTELAR LAS REDES FINANCIERAS
Aunque los aseguramientos representan un golpe importante a la infraestructura utilizada para el procesamiento ilícito de combustibles, expertos coinciden en que el combate al huachicol no concluirá únicamente con el decomiso de instalaciones.
El desafío será identificar y llevar ante la justicia a quienes financian estas operaciones, así como desarticular las redes de distribución. Así como la comercialización que permiten que el combustible robado llegue al mercado ilegal.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas derivadas de estos operativos, por lo que las investigaciones continúan para determinar quiénes operaban los inmuebles asegurados y si existen vínculos con grupos del crimen organizado.
