Un hombre identificado como A.R.S. y/o A.N.R. fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada en perjuicio de una adolescente. Hechos que presuntamente ocurrieron en la región Mixteca de Oaxaca.
De acuerdo con la información contenida en el expediente penal, las agresiones habrían sido cometidas en distintos momentos entre los años 2016 y 2023 en un domicilio ubicado en la comunidad de San Sebastián del Monte, perteneciente al municipio de Santo Domingo Tonalá.
La víctima era menor de edad al momento de los hechos. Así que su identidad se mantiene reservada conforme a las disposiciones legales de protección a niñas, niños y adolescentes.
INVESTIGACIONES DERIVARON EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN
Las indagatorias establecen que el imputado mantenía una relación de parentesco por afinidad con la adolescente, ya que era esposo de su madre.
Como resultado de las investigaciones y de los elementos de prueba integrados en la carpeta correspondiente, un Juez de Control emitió una orden de aprehensión contra el señalado, la cual fue ejecutada posteriormente por agentes investigadores.
Tras su detención, el acusado fue presentado ante la autoridad judicial para responder por los delitos que se le atribuyen.
JUEZ DETERMINA INICIAR EL PROCESO PENAL
Durante el desarrollo de la audiencia, la representación social formuló la imputación correspondiente y el acusado solicitó la ampliación del término constitucional.
Una vez analizados los datos de prueba presentados, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a A.R.S. y/o A.N.R. por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada.
Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa,. Por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúan las etapas subsecuentes del proceso penal.
CONTINÚAN LAS ACTUACIONES JUDICIALES
Con la vinculación a proceso, la causa penal seguirá su curso conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la ley. Esto, con el objetivo de determinar la responsabilidad o inocencia del imputado mediante una resolución judicial definitiva.
Las autoridades mantienen reservados los datos personales de la víctima para salvaguardar sus derechos e integridad durante el desarrollo del proceso.
