La extracción y comercialización presuntamente ilegal de agua potable en los Valles Centrales de Oaxaca quedó bajo la lupa de las autoridades federales tras una serie de operativos que derivaron en la clausura de pozos, el aseguramiento de vehículos cisterna y la presentación de tres personas señaladas como probables responsables.
Las acciones se realizaron de manera simultánea en San Agustín Yatareni, Santa Lucía del Camino y Tlalixtac de Cabrera, municipios donde, de acuerdo con las investigaciones preliminares, se habrían explotado fuentes de abastecimiento sin contar con las concesiones correspondientes, generando un impacto que se calcula en millones de litros de agua extraídos de manera irregular.
OPERATIVOS CONTRA LA EXTRACCIÓN PRESUNTAMENTE ILEGAL
Los cateos fueron ejecutados por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con apoyo de fuerzas federales, luego de una serie de inspecciones y denuncias ciudadanas relacionadas con la venta de agua en pipas.
En San Agustín Yatareni, las autoridades clausuraron un pozo profundo que presuntamente operaba con infraestructura destinada a la explotación comercial del recurso hídrico. Durante la intervención también fueron asegurados dos carros tanque utilizados para el transporte de agua y fue presentada una persona identificada con las iniciales Roberto M.S. como probable responsable.
En Santa Lucía del Camino, el operativo concluyó con la inhabilitación de un pozo y una cisterna que quedaron bajo resguardo federal. Asimismo, fue presentada una persona identificada como Abel D.C.
Mientras tanto, en Tlalixtac de Cabrera se clausuró otro pozo y se aseguró una pipa utilizada para la distribución del recurso. En este caso, fue presentada como probable responsable María Concepción U.B.
DENUNCIAS CIUDADANAS DETONARON LAS INVESTIGACIONES
Las acciones emprendidas por las autoridades son resultado de visitas de verificación realizadas por inspectores federales y de reportes presentados por habitantes de la zona, quienes durante años denunciaron presuntas irregularidades en la explotación y comercialización del agua.
De acuerdo con la información recabada durante las investigaciones, los inmuebles intervenidos eran señalados por operar sistemas de extracción destinados a la venta de agua mediante pipas. Una actividad que habría generado importantes ganancias económicas mientras numerosas colonias enfrentaban problemas de abastecimiento.
El caso resalta nuevamente la problemática de la sobreexplotación de los mantos acuíferos en los Valles Centrales. Una región que desde hace años enfrenta presión sobre sus fuentes de agua debido al crecimiento urbano, la demanda comercial y las condiciones climáticas.
VECINOS CELEBRAN LA INTERVENCIÓN
Habitantes de los municipios donde se realizaron los operativos manifestaron su respaldo a las acciones federales al considerar que la explotación constante de estos pozos contribuyó al deterioro del suministro de agua para las comunidades cercanas.
Vecinos señalaron que la disminución en la disponibilidad del recurso se volvió cada vez más evidente mientras continuaba la comercialización mediante pipas, situación que generó inconformidad social y numerosas denuncias.
Por otra parte, para los pobladores, la clausura de los pozos representa una oportunidad para frenar prácticas que consideran injustas en una región donde miles de familias enfrentan problemas recurrentes de acceso al agua potable.
INVESTIGAN POSIBLES DELITOS CONTRA RECURSOS HÍDRICOS
Tras los aseguramientos, las autoridades federales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.
Las indagatorias se centran en posibles delitos relacionados con la extracción ilícita de recursos hídricos, explotación clandestina de agua y aprovechamiento irregular de bienes nacionales con fines de lucro.
El caso podría convertirse en uno de los expedientes más relevantes sobre la explotación ilegal del agua en Oaxaca. Una entidad donde la escasez del recurso se ha convertido en una de las principales preocupaciones para comunidades urbanas y rurales.
Finalmente, mientras avanzan las investigaciones, los pozos intervenidos permanecerán inhabilitados y bajo vigilancia federal, en tanto se determina la situación jurídica de las personas involucradas y el alcance real de las operaciones detectadas.
