La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, dio a conocer una cronología de las gestiones realizadas por ese organismo en favor del periodista Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, y señaló diversas omisiones e irregularidades de autoridades estatales y federales que impidieron garantizar su protección.
Nueve días después del homicidio y ante los cuestionamientos sobre la actuación de la Defensoría, Lara Rodríguez explicó que el primer contacto con el periodista ocurrió el 14 de julio de 2025, cuando acudió a solicitar orientación jurídica debido a las amenazas que recibía. A partir de ello se abrió el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/181/(01)/OAX/2025.
Deslinda a servidores públicos
“Esas amenazas fueron recibidas a través de redes sociales, particulares y en algunas ocasiones, también fueron redes sociales falsas, por lo que al no advertir que eran redes oficiales, no advertimos la presencia y participación de servidores públicos, debido a que eran particulares”, precisó.
En conferencia de prensa, la Defensora afirmó que el periodista expresó que no deseaba medidas cautelares o de protección, porque no quería ser vigilado por el temor y miedo de que se filtrara información de sus ubicaciones.
Luego de presentar su denuncia (el 16 de julio) ante la FGR, dos días después del contacto con la DDHPO, el 15 de agosto el periodista también solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca su colaboración para la emisión de medidas de protección.
El 9 de septiembre de 2025, dijo, “sabedores de que la carpeta de investigación la tenía la FGR”, la Defensoría le solicitó el estatus y los datos de la misma carpeta, para pedir también que desde esa vía se dieran medidas de protección al periodista.
Ante la falta de respuesta, el 8 de octubre la DDHPO volvió a emitir la solicitud a la FGR, que les contestó hasta el 17 de octubre para informar que el 28 de julio declinó la competencia a la FGEO, a la cual ya había remitido la carpeta de investigación desde el 5 de septiembre.
“En ese momento, el día 24 de octubre, nosotros solicitamos a la Fiscalía del Estado el número de carpeta de investigación, el estado que guardaba, el delito que se investigaba y las personas contra las que sigue la investigación, además de las órdenes de protección y en qué consistían dichas órdenes”.
Perdieron la carpeta
Precisó que en esa fecha pidieron a la FGEO se informara que en caso de no haberse emitido una orden de protección, se les dijera el motivo y el fundamento legal por el que no lo habían hecho.
Hasta el 8 de noviembre la Defensoría recibe respuesta de la Fiscalía, que le informa no tener algún registro de la carpeta de investigación remitida por la FGR. Ante ello, el 20 de noviembre de 2025, y por tercera ocasión, la DDHPO le pide medidas de protección y le adjunta el oficio donde la FGR declinaba competencia al organismo estatal.
El 21 de noviembre, personal de la FGEO rectifica su respuesta y reconoció haber recibido el expediente por la FGR, informando que esta fue turnada al área correspondiente para el seguimiento de la investigación.
El periodista, desprotegido
Durante una comparecencia realizada el 25 de noviembre, Alejandro Leyva informó que ninguna autoridad se había comunicado con él para notificarle las acciones derivadas de su denuncia. En esa ocasión solicitó por primera vez a la DDHPO gestionar formalmente medidas de protección e iniciar su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México.
La Defensoría volvió a solicitar medidas de protección a la FGEO el 2 de diciembre y reiteró la petición el 21 de enero de 2026. Asimismo, el 5 de febrero insistió en la incorporación del periodista al mecanismo federal.
El 11 de febrero, el mecanismo respondió que había tenido contacto con el periodista, pero aseguró que no existía ninguna solicitud pendiente de incorporación, pese a que la DDHPO había realizado el trámite.
Dos días después, el 13 de febrero, Leyva Aguilar informó a la Defensoría que continuaba recibiendo amenazas y presentó evidencia de los números telefónicos desde donde provenían, información que fue certificada por el organismo.
El 17 de febrero la Defensoría volvió a solicitar su incorporación al mecanismo federal, petición que, hasta el 31 de julio de 2026, seguía sin respuesta. Debido a esta omisión, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El 20 de febrero personal de la DDHPO acudió nuevamente a la FGEO para conocer el estado de la carpeta de investigación. Ahí se les informó otra vez que no existían registros del expediente.
Posteriormente, el 16 de abril, la Defensoría comunicó al periodista que la Fiscalía seguía sosteniendo que no localizaba la carpeta de investigación, por lo que lo invitó a presentar una queja por esa irregularidad.
El 22 de abril se programó una diligencia para denunciar el extravío del expediente ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social; sin embargo, ésta fue suspendida porque el periodista informó que se encontraba hospitalizado. El 12 de mayo se intentó reprogramar la cita, pero Leyva Aguilar señaló que estaba en la Ciudad de México.
Ante esta cadena de omisiones, Elizabeth Lara Rodríguez hizo un llamado a las autoridades para realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que esclarezca el asesinato del periodista y determine las responsabilidades correspondientes.
La defensora informó que el 25 de julio sostuvo una reunión con la familia de Alejandro Leyva Aguilar para explicar las actuaciones realizadas por la DDHPO y precisó que no había hecho pública esta información antes por respeto a la voluntad y autorización de sus familiares.
