“Hoy los oaxaqueños vivimos con miedo y mucho temor de salir a trabajar, llevar a nuestras familias a las calles, ejercer la libertad de expresión se ha convertido en un riesgo constante. La ciudadanía se siente vulnerable y la tranquilidad en nuestras comunidades se sigue deteriorando”, es uno de los tantos mensajes emitidos en estos días en demanda de justicia para el periodista sacrificado, Alejandro Leyva.
La exigencia de castigo de los agresores se ha multiplicado entre organizaciones de comerciantes, empresarios, constructores, instancias no gubernamentales y civiles como Artículo 19, de periodistas, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y representantes de medios nacionales y extranjeros.
El mismo día del cobarde asesinato, la Alianza de Medios MX expreso que el hecho ha desatado la indignación ciudadana y exigió una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer el crimen.
Este lamentable suceso “subraya la urgente necesidad de garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país; la organización de medios enfatiza que ninguna crítica o investigación debe ser motivo de violencia”.
Por su parte la organización internacional Artículo 19 condenó el asesinato y demando al gobierno realizar una investigación pronta, independiente e imparcial que considere como una de las principales líneas de investigación su trabajo periodístico y el ejercicio de la libertad de expresión.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH México) expresó su consternación por el asesinato. La organización emitió un comunicado donde se solidariza con la familia, colegas y el gremio periodístico.
Reiteró la obligación de prevenir cualquier agresión contra quienes ejercen la libertad de expresión mediante el ejercicio periodístico, especialmente mediante el fortalecimiento de las medidas de protección cuando existan antecedentes de riesgo o agresiones.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) México y otras organizaciones civiles condenaron el asesinato Leyva Aguilar y urgieron al Estado mexicano a realizar una investigación exhaustiva y diligente, que tenga en cuenta su oficio dentro de las indagatorias. En redes sociales, la Relatoría de la CIDH reiteró que la violencia contra periodistas constituye “la forma más extrema de censura y genera un triple impacto: vulnera el derecho de las víctimas a expresarse y difundir información; produce un efecto inhibitorio en otros trabajadores de prensa; y afecta el derecho de la sociedad a buscar y recibir información”.
Amnistía Internacional fue más allá, en el caso de Leyva Aguilar resulta “especialmente preocupante” que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, las fiscalía General de la República y la del estado “tenían conocimiento de las amenazas que vivía; sin embargo no evitaron que fuera asesinado”.
A nivel local, la condena se generalizó a través de la ciudadanía y se expresó de manera firme por parte del o, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación con sede en Oaxaca, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores Capítulo Oaxaca, Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), el colectivo Periodistas en Riesgo Oaxaca además de la organización de Periodistas de la Región Sureste del Istmo de Tehuantepec.
Luego del asesinato, familiares, amigos y periodistas cercanos a Alejandro Leyva expresaron su demanda de justicia en diversos medios nacionales, escritos, digilatales y electrónicos en el país.
Asimismo, el periodista Pedro Matías Arrazola, corresponsal de la revista Proceso en Oaxaca y fundador de la página Qué pasa Pedro, fue amenazado de muerte en redes sociales tras el asesinato de su colega Alejandro Leyva, en un nuevo episodio de violencia contra la prensa en el estado.
