La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se pronunció sobre el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar y manifestó su preocupación por un crimen que vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país.
A través de un mensaje público, el organismo internacional expresó su consternación por el homicidio ocurrido el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, y destacó que se trata del sexto periodista asesinado en México durante 2026, de acuerdo con los registros documentados por la propia ONU-DH.
ONU RECONOCE ATRACCIÓN DEL CASO POR LA FGR
En su posicionamiento, la representación de Naciones Unidas valoró la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de asumir la investigación del caso, una medida que ha sido demandada por diversos sectores ante la relevancia del crimen y la necesidad de garantizar imparcialidad en las indagatorias.
La ONU-DH señaló que la atracción federal debe contribuir al esclarecimiento de los hechos y al acceso a la justicia para las víctimas.
“Valoramos que la Fiscalía General de la República haya ejercido su facultad de atracción del caso”, señaló el organismo, al tiempo que expresó su expectativa de que las investigaciones permitan conocer la verdad sobre lo ocurrido.
La postura de Naciones Unidas se suma a las exigencias de organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos que han solicitado una investigación exhaustiva y libre de presiones.
RECUERDAN QUE EL PERIODISTA HABÍA DENUNCIADO SITUACIONES DE RIESGO
Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es que la ONU-DH recordó que Alejandro Leyva había advertido públicamente sobre situaciones que consideraba de riesgo para su integridad.
“Había señalado públicamente incidentes de riesgo”, destacó el organismo internacional.
La referencia cobra relevancia porque abre nuevamente el debate sobre la efectividad de los mecanismos de prevención y protección para periodistas que enfrentan amenazas o condiciones de vulnerabilidad derivadas de su labor informativa.
Sin prejuzgar sobre las causas del homicidio, la ONU subrayó que las autoridades tienen la responsabilidad de actuar oportunamente cuando existen antecedentes que puedan poner en peligro a quienes ejercen la libertad de expresión.
“Existe la obligación de prevenir cualquier agresión contra quienes ejercen la libertad de expresión, en particular mediante el fortalecimiento de las medidas de protección cuando existan antecedentes de riesgo o agresiones”, enfatizó.
UN NUEVO LLAMADO DE ATENCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE PERIODISTAS
El asesinato de Alejandro Leyva ocurre en un contexto en el que México continúa siendo señalado por organismos nacionales e internacionales como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.
Aunque las autoridades federales han insistido en el fortalecimiento de mecanismos de protección, organizaciones de defensa de la libertad de expresión sostienen que persisten desafíos estructurales relacionados con la prevención, atención de amenazas y combate a la impunidad.
La reacción de la ONU-DH refleja una preocupación que va más allá de un caso individual y apunta a la necesidad de revisar la eficacia de las políticas de protección existentes, especialmente en entidades donde periodistas han denunciado amenazas o agresiones previas.
PIDEN MEDIDAS EFICACES Y OPORTUNAS
Además de exigir el esclarecimiento del crimen, Naciones Unidas hizo un llamado a fortalecer las acciones preventivas para proteger a periodistas que se encuentren en situación de riesgo.
“Llamamos a continuar reforzando la seguridad de periodistas en riesgo en Oaxaca y en todo el país, mediante medidas oportunas y eficaces que permitan el ejercicio libre y seguro de su labor”, señaló la ONU-DH.
El pronunciamiento ocurre mientras familiares, colegas y diversos sectores de la sociedad continúan exigiendo justicia por el asesinato de Alejandro Leyva, un crimen que ha generado indignación dentro y fuera de Oaxaca y que mantiene la atención de organismos nacionales e internacionales.
MÁS ALLÁ DEL CASO: EL DESAFÍO DE COMBATIR LA IMPUNIDAD
La intervención de Naciones Unidas coloca nuevamente sobre la mesa una discusión recurrente en México: la distancia entre los mecanismos de protección existentes y la realidad que enfrentan numerosos comunicadores.
Para especialistas en derechos humanos, la verdadera prueba no sólo será esclarecer quiénes participaron en el asesinato, sino determinar si existieron omisiones institucionales, amenazas previas desatendidas o fallas en la protección que pudieron contribuir al desenlace.
En resumen, mientras la investigación federal avanza, el caso de Alejandro Leyva se ha convertido en un nuevo símbolo de la fragilidad que aún enfrenta la libertad de expresión en diversas regiones del país.
