Miguel G.M., conocido con el alias de “El Beyby”, fue declarado culpable del delito de homicidio calificado por el asesinato de un hombre ocurrido el 18 de julio de 2024 en el municipio de Tlacolula de Matamoros, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca.
El fallo condenatorio fue emitido por un Tribunal de Enjuiciamiento. Esto, luego de que durante el proceso penal se acreditara la responsabilidad del acusado en el ataque armado que cobró la vida de la víctima mientras se encontraba cenando con su familia en un establecimiento ubicado sobre la avenida Juárez.
EL ATAQUE OCURRIÓ FRENTE A SUS FAMILIARES
De acuerdo con las investigaciones judicializadas, la víctima fue sorprendida por disparos de arma de fuego mientras permanecía en el negocio. Sin que tuviera oportunidad de ponerse a salvo. El ataque ocurrió en presencia de sus familiares, quienes fueron testigos de la agresión.
Los dictámenes periciales confirmaron que la causa de muerte fueron las lesiones ocasionadas por los impactos de bala.
PRUEBAS PERMITIERON OBTENER EL FALLO
Durante el juicio fueron presentadas pruebas ministeriales, periciales y de inteligencia criminal. Lo que permitió al tribunal establecer la responsabilidad penal del acusado en los hechos.
Con la emisión del fallo condenatorio concluyó la etapa de valoración de pruebas; sin embargo, el proceso aún no finaliza. Ya que, permanece pendiente la audiencia de individualización de sanciones, en la que el órgano jurisdiccional determinará la pena de prisión y la reparación del daño que deberá cumplir el sentenciado.
EL RETO SIGUE SIENDO EVITAR LA IMPUNIDAD
Aunque el fallo representa un avance en el proceso de procuración de justicia por este homicidio, especialistas han señalado que las sentencias condenatorias constituyen únicamente la etapa final de investigaciones que deben sostenerse con pruebas suficientes. Con la intención de garantizar resoluciones firmes y evitar que delitos de alto impacto permanezcan impunes.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las personas frente a ataques armados en espacios públicos y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención de la violencia. Además de asegurar que las víctimas y sus familias accedan a una justicia pronta y efectiva.
