Lo que el gobierno de Salomón Jara anunció con el místico nombre de “Corredor Zapoteca” o “Binizaa”, no es más que la resurrección de un viejo conocido: el Libramiento Sur de Oaxaca. Este megaproyecto carretero de 67.5 kilómetros de longitud y 60 metros de ancho, sepultado en 2010 por la resistencia indígena frente a los gobiernos del PRI, ha sido desenterrado por la administración actual y amenaza con desencadenar un conflicto socioambiental.
A pesar de que el mandatario estatal afirmó que el proyecto “va avanzando” bajo la premisa de tener siempre “el consentimiento del pueblo”, las autoridades agrarias de la Villa de Zaachila sostienen una versión opuesta. Acusan al aparato estatal de desplegar una estrategia basada en el engaño, la exclusión legal y la imposición de dinámicas neoliberales que tanto criticaron en el pasado.
EL RETORNO DE UN PROYECTO CON SANGRE MINERA
El origen del libramiento se remonta a 2006, un año marcado por la conflictividad social en la entidad y el auge de las concesiones mineras en los Valles Centrales. De acuerdo con análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio, el trazo de esta vía rápida fue diseñado originalmente para favorecer la conectividad de los proyectos extractivistas, sacrificando algunas de las tierras agrícolas de temporal más fértiles de la región vitales para la soberanía alimentaria del maíz nativo.
Aunque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se modificó en 2019 y aprobada en 2021 por la SEMARNAT —aprovechando el aislamiento social de la pandemia de COVID-19 y prescindiendo de una consulta pública— el nuevo trazo sigue atentando contra el tejido agroecológico. La carretera planea rasgar zonas agrícolas de riego, pastizales y ecosistemas de vegetación primaria y secundaria en 18 ejidos y comunidades.
LA ESTRATEGIA DEL ENGAÑO Y EL DOBLE DISCURSO
Para los representantes de los bienes ejidales, la narrativa de la Secretaría de Gobierno sobre supuestas mesas de diálogo y consultas es una simulación. Francisco Melchor Tejada, Comisariado Ejidal de Santa María Zaachila para el periodo 2024-2027, es tajante al señalar que la administración actual repite los vicios del régimen anterior:
“Están reviviendo los viejos modales del viejo prianismo, ¿no? Y nos quieren imponer un proyecto… de los que este gobierno de la 4T llamaba prianistas, ahora pienso que los han superado, por defender, promover y divulgar el neoliberalismo que tanto atacaron”.
Tejada denuncia una táctica sistemática de desinformación orientada a quebrar la unidad comunitaria: “Van a un pueblo, digamos, van a Cuilápam. En Cuilápam mienten y dicen: ‘No, es que Zaachila ya dio permiso’. O sea, usan la mentira, usan la cizaña, usan la confrontación con los pueblos”.
AGRAVIO LEGAL: EL AJEDREZ POLÍTICO CONTRA EL DERECHO AGRARIO
Uno de los puntos analíticos más críticos radica en la intromisión del Estado en las esferas de competencia jurídica. El gobierno ha encauzado las pláticas a través de las presidencias municipales, autoridades administrativas que carecen de facultades sobre la propiedad social de la tierra. Francisco Tejada acusa al gobierno de ignorar la ley a pesar de sus recursos económicos:
“…lo quieren hacer primero sin una consulta, que es previa y no condicionada. Y la otra… quieren utilizar a las autoridades municipales que menos tienen que ver con el asunto agrario… Pero no les compete el tema agrario, que sí es exclusivo de los que somos representantes de la autoridad agraria… gastan una millonada en, en asesores, hombre… ¿por qué omite, eh, entrometerse en estos asuntos? Debe, debe conocer la ley agraria… Pisotean lo que implica la ley y el derecho, pues…”.
Por su parte, el Profesor Pérez Morales advierte que la legitimidad de las tierras no se negocia en los ayuntamientos, y que las comunidades se amparan en marcos legales nacionales e internacionales:
“La autoridad municipal es una representación que administra el municipio. Los representantes ejidales y comunales tenemos a cargo el uso, el cuidado y administración de las tierras…”, explicó.
Tejada secunda esta postura recordando las bases jurídicas del movimiento: “Está el artículo, digo, el artículo segundo y el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde dice que se tiene que consultar a los pueblos…una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuadas y de buena fe.
Explicó que las consecuencias de abrir una franja de 60 metros de ancho en el corazón agrario de Zaachila rebasan la pérdida de parcelas. Existe un riesgo latente de fractura ecosistémica (afectación de afluentes de agua, flora y fauna), además de fenómenos de inseguridad y despojo patrimonial.
“La gente y los ejidatarios vemos como primera afectación es que tendríamos que pagar por andar en nuestro propio territorio”, subraya el profesor Pérez Morales.
DESARROLLO SÍ, PERO NO BAJO EL DESPOJO
La postura de los ejidatarios no debe confundirse con una oposición ciega a la modernización de la infraestructura estatal.
El Comisariado Francisco Tejada clarifica la visión del movimiento frente al crecimiento económico y lanza una advertencia final sobre el despertar de la conciencia comunitaria:
“No estamos en contra del crecimiento y desarrollo, eh, económico. No, porque yo sí lo sé, pero debe ser consultado… Y ahí es donde el pueblo bueno se va a volver pueblo consciente. Y aguas, porque dice que el pueblo bueno con huarache es bueno, pero cuando se pone botas, aguas, ¿eh?”.
El gobierno del estado de Oaxaca se encuentra ante una encrucijada histórica. Deberá decidir si prefiere encauzar un diálogo transparente y legal con los verdaderos dueños del territorio o si continuará utilizando los “viejos modales” para imponer una obra que amenaza con reactivar un conflicto social de consecuencias impredecibles en los Valles Centrales.
