La ministra “del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama es quien tiene más integrantes a su cargo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 95 personas, mientras que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, es quien menos tiene, con 45.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integran sus ponencias con un número importante de personas que los apoyan en el análisis de los casos que se debaten en sesión. De acuerdo con cifras actualizadas, esos 94 empleados representan un gasto de 5 millones al mes.
Los datos oficiales de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirman que la denominada “ministra del pueblo” sumó 14 nuevas contrataciones en su ponencia durante el último año, consolidándose como la integrante con el equipo de apoyo más grande y caro de todo el tribunal.
Esta expansión contradice de forma directa los discursos institucionales de austeridad republicana y ha desatado una intensa revisión sobre el uso de los recursos destinados a la justicia en el país.
Estas personas —conocidas técnicamente como dictaminadores o integrantes de ponencia, y no únicamente “asesores”— también forman parte de la nómina del Máximo Tribunal del país y reciben su salario del erario.
La nómina mensual de la oficina se distribuye entre 32 secretarios auxiliares, 25 técnicos operativos, 15 auxiliares, 9 secretarios de estudio y cuenta, 7 profesionales operativos y 6 asistentes, convirtiéndose en una de las estructuras internas más pesadas de la administración judicial.
Mientras tanto, el actual ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz opera bajo un esquema de reestructuración que redujo al personal de la presidencia en un 35%, estableciendo que el resto de las ponencias se mantengan en un promedio regular de entre 45 y 61 integrantes.
Batres Guadarrama ha cometido diferentes pifias legales, entre las más polémicas destaca su propuesta en la Contradicción de Criterios 49/2026, donde defendió la postura de cobrar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ahorros de las Afores heredadas por familiares de trabajadores fallecidos.
Esta iniciativa fue rechazada por el pleno y fuertemente criticada por diversas organizaciones de juzgadores, como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), las cuales advirtieron que la propuesta vulneraba el derecho fundamental a la seguridad social y atentaba de forma directa contra el patrimonio familiar.
