En el marco de la Sesión Ordinaria, las y los diputados de la LXVI Legislatura aprobaron un Proyecto de Decreto para adicionar dos párrafos al artículo 270 del Código Familiar para el Estado, con el objeto de establecer que, en la materia de controversias del orden familiar, las audiencias de escucha sean videograbadas para evitar la repetición y revictimización en el proceso de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta, avalada con 28 votos a favor, señala que estas diligencias contarán además con las medidas de seguridad que garanticen la protección de los datos personales sensibles. Asimismo, deberán ser resguardadas con absoluta discrecionalidad, atendiendo a los principios de confidencialidad y privacidad.
El dictamen procedente de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia señala que la implementación de medidas como la videograbación de entrevistas responde a un fin legítimo, ya que busca evitar la revictimización derivada de múltiples declaraciones; proteger la integridad emocional de las personas menores de edad; asegurar la calidad y confiabilidad de la prueba y permitir su uso posterior sin necesidad de volver a exponer al menor.
Por lo anterior, el mecanismo de grabación deberá estar limitado y controlado, así como acompañado de medidas estrictas de protección y confidencialidad para proteger la dignidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes. Al mismo tiempo, garantizará los derechos procesales de las partes, consolidando así una justicia más humana y efectiva.
Además, con la incorporación de herramientas tecnológicas y audiovisuales en los procesos jurisdiccionales familiares, el Poder Legislativo dota de mayor transparencia, certeza y seguridad jurídica a las partes involucradas, lo que permitirá que las declaraciones de los menores queden registradas de manera íntegra para su posterior valoración técnica o en los recursos de Apelación y Amparo, evitando así la revictimización de las infancias.
La iniciativa promovida señala que el Estado tiene la obligación de organizar sus procedimientos de manera que la prueba testimonial de las personas menores de edad pueda ser utilizada posteriormente sin necesidad de nuevas comparecencias, reduciendo al mínimo su exposición al proceso judicial, bajo condiciones que aseguren en todo momento el respeto a su dignidad, integridad y bienestar emocional.
