El Gobierno de México decidió escalar el conflicto por la muerte de connacionales bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos y anunció nuevas acciones legales contra quienes resulten responsables de estos fallecimientos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar denuncias formales para que se investiguen penalmente las muertes ocurridas durante operativos y procesos de detención relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
La medida representa un cambio en la estrategia mexicana, que hasta ahora había privilegiado los canales diplomáticos mediante notas y protestas oficiales dirigidas al gobierno estadounidense.
17 MEXICANOS HAN MUERTO BAJO CUSTODIA MIGRATORIA
El reclamo surge tras el registro de 17 mexicanos fallecidos en circunstancias que, de acuerdo con las autoridades mexicanas, requieren investigaciones más profundas para determinar responsabilidades.
Del total, 14 muertes ocurrieron en centros de detención migratoria y tres más durante operativos de captura. Los casos han generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad, atención médica y protocolos aplicados durante la custodia de personas migrantes.
El Gobierno mexicano sostiene que cada fallecimiento debe contar con una investigación transparente y exhaustiva para esclarecer las causas y establecer posibles responsabilidades.
BUSCAN RESPONSABILIZAR A AUTORIDADES Y EMPRESAS PRIVADAS
Además de las denuncias penales, México anunció que impulsará acciones civiles contra las empresas privadas que administran centros de detención migratoria en Estados Unidos donde ocurrieron algunos de los decesos.
El objetivo, según lo informado, es que estas compañías respondan por las condiciones de operación de las instalaciones y, en su caso, se detenga la prestación de servicios cuando existan elementos que acrediten irregularidades.
La estrategia apunta no sólo a funcionarios públicos, sino también a los operadores privados que participan en el sistema de detención migratoria estadounidense.
ONCE RECLAMOS DIPLOMÁTICOS SIN RESPUESTA SATISFACTORIA
Antes de recurrir a la vía judicial, México había enviado 11 comunicaciones diplomáticas formales al gobierno de Estados Unidos para solicitar investigaciones rápidas sobre los fallecimientos registrados durante la administración del presidente Donald Trump.
Sin embargo, ante la falta de respuestas consideradas suficientes y la aparición de nuevos casos, las autoridades mexicanas determinaron ampliar las acciones más allá de la protesta diplomática.
UN CONFLICTO QUE ESCALA EN LA RELACIÓN BILATERAL
La decisión abre una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos en materia migratoria, al trasladar la discusión del ámbito político y diplomático hacia posibles procesos legales.
Mientras las autoridades mexicanas buscan que se esclarezcan las muertes y se establezcan responsabilidades, organizaciones defensoras de migrantes han insistido durante años en la necesidad de revisar las condiciones dentro de los centros de detención estadounidenses.
El desenlace dependerá de la respuesta de las autoridades estadounidenses y del avance de las investigaciones que ahora México pretende impulsar por la vía penal y civil.
