La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de personas que se encuentran en el país de manera irregular. Esto, al considerar que contradecía la interpretación vigente de la Constitución.
La decisión mantiene el principio de que prácticamente toda persona nacida en territorio estadounidense tiene derecho a la ciudadanía, con excepciones limitadas establecidas por la ley.
LA DECISIÓN SE BASÓ EN LA DECIMOCUARTA ENMIENDA
Los magistrados fundamentaron su resolución en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, aprobada después de la Guerra Civil. La cual establece garantías de ciudadanía e igualdad para las personas nacidas en el país.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, señaló en la resolución que la ciudadanía representa “el derecho a tener derechos”. Además, afirmó que los principios establecidos por esa enmienda continúan vigentes para quienes nacen en territorio estadounidense.
LA ORDEN DE TRUMP NUNCA ENTRÓ EN VIGOR
La medida impulsada por Donald Trump había sido detenida previamente por tribunales inferiores y no llegó a aplicarse en ninguna parte de Estados Unidos.
La orden buscaba modificar la interpretación tradicional de la ciudadanía por nacimiento. Una práctica vigente durante más de un siglo y respaldada por criterios judiciales previos.
DIVISIÓN DENTRO DEL MÁXIMO TRIBUNAL
La resolución no fue respaldada por todos los integrantes de la Corte. El juez Clarence Thomas expresó su desacuerdo y argumentó que la interpretación actual de la Decimocuarta Enmienda se ha utilizado para fines que, según su postura, no fueron contemplados originalmente por quienes redactaron la norma.
El caso generó atención nacional por las implicaciones que tendría sobre millones de familias y por tratarse de una de las disputas migratorias más relevantes de la administración Trump.
UN FALLO CON IMPACTO EN EL DEBATE MIGRATORIO
Organizaciones defensoras de derechos civiles celebraron la decisión al considerar que mantiene una de las características centrales del sistema estadounidense de ciudadanía.
El fallo representa un nuevo capítulo en la discusión sobre migración, identidad nacional y los límites del poder presidencial para modificar derechos establecidos constitucionalmente.
Más allá de la disputa política, la resolución deja un mensaje claro sobre el peso de la Constitución frente a los cambios impulsados desde el Ejecutivo: en Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento continúa definida por el lugar donde una persona nace y no por la situación migratoria de sus padres.
