Mientras María Elena Ríos Ortiz se ha consolidado como uno de los rostros más visibles de la lucha contra la violencia de género en México, una serie de expedientes ministeriales abiertos entre 2011 y 2024 vuelven a colocar su nombre y el de varios integrantes de su familia en el centro de la controversia.
Los documentos, dados a conocer por el diario Excélsior, corresponden a denuncias presentadas en distintos momentos por habitantes de la región Mixteca, quienes señalaron presuntas conductas relacionadas con allanamiento de morada, lesiones, amenazas, daños, extorsión, falsedad en declaraciones y otros hechos ocurridos principalmente en Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León y la ciudad de Oaxaca.
Se trata de carpetas de investigación integradas por declaraciones ministeriales y actuaciones oficiales. Su existencia no implica, por sí misma, una responsabilidad penal ni sustituye una sentencia judicial. Por lo que las personas mencionadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
DE VÍCTIMA EMBLEMÁTICA A PERSONA SEÑALADA EN DENUNCIAS
El nombre de María Elena Ríos adquirió notoriedad nacional tras sobrevivir al ataque con ácido ocurrido el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León. A partir de ese hecho impulsó reformas para endurecer las sanciones contra este tipo de agresiones y se convirtió en promotora de la llamada Ley Malena.
Sin embargo, los expedientes ahora difundidos muestran un panorama distinto: varios años antes del atentado que cambió su vida, ella y algunos familiares ya aparecían mencionados en diversas denuncias penales derivadas de conflictos personales y vecinales.
UNA DENUNCIA POR PRESUNTO ALLANAMIENTO Y AGRESIÓN
Uno de los expedientes más antiguos corresponde al número 1007/HL/2012, iniciado tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido agredida dentro de su propio domicilio.
Según su declaración ministerial, los hechos ocurrieron el 4 de junio de 2012, cuando escuchó gritos provenientes del exterior de su vivienda.
La denunciante afirmó que una mujer le gritó:
“hija de tu puta madre, sal de tu casa”, antes de que, presuntamente, María Elena Ríos ingresara al inmueble sin autorización.
De acuerdo con su testimonio, posteriormente también ingresó Silvia Ríos Ortiz y ambas comenzaron a golpearla.
La mujer declaró ante el Ministerio Público que “comenzó a jalarme también de los cabellos”, además de señalar que sufrió diversas lesiones durante el altercado.
En la denuncia también aseguró que una de las agresoras portaba un cuchillo tipo sierra con el que presuntamente le provocó una herida en una pierna.
LESIONES, GOLPES Y AMENAZAS
Otro de los expedientes corresponde a la carpeta 606/HL/13, derivada de una denuncia presentada por un hombre que aseguró haber sido interceptado mientras circulaba en una camioneta en Santo Domingo Tonalá.
El denunciante relató que fue rodeado por varias personas. Entre ellas algunos integrantes de la familia Ríos Ortiz.
En su declaración afirmó haber recibido golpes con tubos, piedras y patadas, además de escuchar amenazas durante la agresión.
Entre las frases asentadas en el expediente destaca la advertencia de que “me iba a cargar la chingada”.
También declaró que, una vez en el suelo, continuó siendo golpeado y que varias mujeres participaron en la agresión.
ACUSACIONES DE EXTORSIÓN Y FALSAS DENUNCIAS
Otra investigación ministerial fue promovida por un hombre que sostuvo haber mantenido una relación de concubinato con Silvia Ríos Ortiz.
En su denuncia aseguró que, tras una discusión, fue amenazado con la frase “vas a ver, te va a cargar la chingada”.
Posteriormente afirmó que un abogado solicitó a sus familiares el pago de 150 mil pesos para evitar una querella penal, situación que calificó como un intento de extorsión.
Estas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada por el afectado. Y no constituyen una resolución judicial.
CONFLICTOS QUE ALCANZARON ESPACIOS PÚBLICOS
Otra carpeta de investigación recoge el testimonio de una mujer que denunció daños a su vehículo. Así como amenazas cuando acudía a recoger a sus hijos en una escuela primaria de Santo Domingo Tonalá.
Según declaró, durante el altercado pidió que el conflicto no continuara porque había menores presentes.
“Si tenemos algún problema, este no es el lugar para resolverlo”, expresó ante el Ministerio Público.
La denunciante aseguró que su camioneta fue rayada con una piedra. Posteriormente, recibió amenazas directas.
EL HOMICIDIO QUE TAMBIÉN APARECE EN LOS EXPEDIENTES
Entre los documentos también figura una carpeta relacionada con el homicidio de Juan Carlos Durán Carrasco, ocurrido en mayo de 2015.
Diversos testigos declararon que Carlos Ríos Ortiz habría atacado con un cuchillo a la víctima tras una discusión ocurrida en una cantina de Santo Domingo Tonalá.
Uno de ellos afirmó haber observado cuando el señalado “le picó con un cuchillo debajo de la axila”, mientras otro aseguró que escuchó previamente la advertencia: “necesitas que te cuiden”.
Los testimonios forman parte de las actuaciones ministeriales integradas en esa investigación.
UN PROCESO MÁS RECIENTE SIGUE ABIERTO
A estos antecedentes se suma una carpeta iniciada por hechos registrados en diciembre de 2024. Cuando Andrea Monserrat denunció haber sido agredida dentro de una clínica en la ciudad de Oaxaca.
La mujer afirmó haber sido confundida con una familiar del exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido contra María Elena Ríos.
El expediente contempla señalamientos por presuntas lesiones calificadas, abuso sexual, daños, tentativa de privación ilegal de la libertad y discriminación.
Hasta el momento, ese procedimiento continúa en curso y no existe una resolución definitiva.
ENTRE LA JUSTICIA, LA OPINIÓN PÚBLICA Y EL DEBIDO PROCESO
La difusión de estas carpetas reabre un debate complejo sobre el tratamiento de las figuras públicas involucradas en investigaciones judiciales.
Por un lado, las denuncias forman parte de actuaciones oficiales y constituyen información de interés público; por otro, la existencia de una carpeta de investigación no acredita responsabilidad penal.
En un Estado de derecho, corresponde a los tribunales determinar la culpabilidad o inocencia de las personas involucradas. Mientras que el periodismo tiene la responsabilidad de informar con equilibrio, distinguir entre denuncias y sentencias, y ofrecer contexto suficiente para evitar juicios anticipados.
Al cierre de la información publicada por Excélsior, María Elena Ríos Ortiz no había emitido una postura respecto al contenido de los expedientes difundidos.
Con información de El Excélsior
