Un escándalo de magnitudes mayores sacude al ayuntamiento de San Sebastián Tutla. Pobladores y trabajadores municipales denunciaron públicamente al presidente municipal y a los integrantes de su cabildo por convertir a la comunidad en un “pueblo chico, infierno grande”. De acuerdo con los inconformes, las autoridades locales presuntamente fabricaron el robo de una fuerte suma de dinero dentro del palacio municipal para encarcelar a un policía inocente y así encubrir un millonario desfalco a las arcas públicas.
EL DELITO FABRICADO
Los hechos comenzaron a gestarse el 15 de febrero de 2026. En esa fecha, por órdenes directas del primer edil, un elemento de la Policía Municipal fue detenido por sus propios compañeros corporativos. Al uniformado se le acusó de haberse apoderado de una fuerte cantidad de dinero en efectivo que supuestamente resguardaba el ayuntamiento.
Tras el arresto, el policía fue consignado ante el Ministerio Público, donde la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició formalmente la carpeta de investigación 3555/FVC/OAXACA/2026. Sin embargo, la defensa legal del imputado demostró con pruebas contundentes que el atraco jamás existió en el palacio municipal y que todo se trató de un montaje de la cúpula del poder local para desviar la atención de sus propios malos manejos financieros.
JUEZ FEDERAL INTERVIENE EN EL CASO
Con los recursos jurídicos a la vista, un juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales determinó que la captura fue completamente ilegal. Ante esto, ordenó la inmediata libertad del policía, bajo el expediente de la causa penal 233/2026. Al verse descubiertas, las autoridades de San Sebastián Tutla prefirieron no apelar la resolución para evitar que se profundizara públicamente el origen del faltante millonario.
Posteriormente, la defensa del afectado escaló el caso a los tribunales federales, logrando que un juez federal emitiera una orden constitucional para que el ayuntamiento reinstalara de inmediato al elemento policial en su puesto de trabajo y se le cubrieran sus salarios caídos.
DESACATO Y AMENAZAS DE PRISIÓN
A pesar del mandato judicial federal, el presidente municipal y sus regidores han ignorado y desacatado la resolución. Esta acción ya provocó que la autoridad federal inicie los procedimientos de sanción y destitución, lo que podría llevar a la cárcel a todo el cabildo por desacato e incompetencia jurídica.
La crisis en el municipio no es aislada. Vecinos del fraccionamiento El Rosario también se sumaron a las protestas públicas, exigiendo auditorías urgentes ante el manejo oscuro del dinero del pueblo, pues acusan recibir servicios municipales deficientes a pesar de pagar puntualmente sus contribuciones en la tesorería de esta localidad.
