Esta es la historia de cómo la política, la mala gestión de los líderes y asesores de una comunidad, y el desinterés del estado, puede parar por completo el motor productivo de un municipio, y llevarlo a una crisis de inseguridad sin que, como reza la máxima histórica del país, nadie haga nada.
Esta es la historia de un municipio enclavado en la zona montañosa de la Mixteca, que durante décadas se convirtió en uno de los principales productores de madera de Oaxaca y que de repente, entre 2009 y 2010, enmudeció. Callaron las motosierras, apagó las cintas de corte, cerró sus 14 aserraderos, dejó sus árboles intactos y nadie supo qué hacer.
Santa Cruz Itundujia vivió la experiencia del paro, cuando la falta de un estudio de manejo sustentable del bosque, impidió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizar el aprovechamiento de pinos, encinos y madroños de estas montañas.
“Fue un periodo corto, unos cuatro años que no se estuvo produciendo porque no salían los estudios, al no haber estudio no había autorización. Era también política, aquí el PRI siempre ha madreado mucho a los del PRD, después, cuando el PRI recupera el poder se cambia de asesor y se mueve la situación. Todo estaba triste en esa ocasión, no había comercio, no había dinero, todo estaba parado”, asegura Ubaldo Hernández, comisariado de Bienes Comunales de Itundunjia, quien lidera el proyecto de reactivación de la industria forestal comunitaria de este municipio.
“Itundujia es comercio vivo, ves la línea de taxis, de mototaxis, los comedores, restaurantes, esa gente vive gracias a los aserraderos, gracias a la producción de madera los padres tienen dinero para mandar a sus hijos a la universidad, nosotros hemos demostrado que se puede vivir del bosque”, agrega.
El estado actúa cuando ve que uno de sus pueblos madereros predilectos enmudece, ¿no?
La respuesta para el ingeniero Omar Sánchez es fácil. Basta con observar el presupuesto que ha destinado el gobierno estatal para la dependencia encargada de conducir el rumbo de los bosques del estado, para saber que el interés es mínimo, tan bajo como los 6 millones de pesos, que recibirá la Comisión Estatal Forestal este año, cantidad insuficiente incluso para establecer un aserradero pequeño.
Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Forestales, fue el asesor técnico encargado de reiniciar los trabajos de producción en la comunidad. A su llegada, en el año de 2013, encontró mil 990 hectáreas de bosque infectadas con la plaga del gusano defoliador. “La gente estaba ansiosa, querían iniciar con los trabajos, algunas empresas ya habían adquirido deudas, créditos, para la inversión de maquinaria y cuando se pararon los trabajos cayeron en cartera vencida. La organización comunitaria estaba intacta, esperanzada en la autorización porque depende mucho la economía local de la actividad forestal”, expresa.
Hoy, la comunidad cuenta con autorización para aprovechar 5 mil de las 22 mil hectáreas de bosque que son productivas y está en trámite un permiso para 3 mil más.
Tres años
La trayectoria forestal de Itundujia tiene tres puntos destacados en el periodo comprendido de 1972 a la fecha, en este año, cuando se instaló el primer aserradero; en 1986, cuando por decisión de asamblea se determinó que la madera dejara de venderse en rollo y, por tanto, se crearía un aserradero comunal, y actualmente, que se reactivó la industria.
Santa Cruz es un escenario que Carlos Marx podría tomar como laboratorio de observación social. En este territorio de 54 mil hectáreas -28 mil de las cuales son boscosas- conviven la producción estatal-comunitaria y la privada de los bosques. Los privados, capitalistas, obtienen la mayor cantidad de ganancias “sin mover un dedo”, los socialistas ayudan hasta a los enfermos, pero se quedan con la menor parte.
A diferencia de otras comunidades forestales del estado, la tierra comunal de Itundujia es privada. Cada comunero es dueño de una porción del bosque cuyos árboles puede vender a conveniencia. Para cortar un árbol se requieren tres autorizaciones –la del agente o presidente municipal, la del comisariado de Bienes Comunales y la de los dueños de las parcelas–. De las ganancias por la autorización de la compra de madera, 32 pesos por cada árbol van a dar al comisariado, el resto le pertenece al propietario.
“El dinero es para apoyo a caminos públicos, a las escuelas, a las clínicas, a las fiestas de las comunidades, si hay un enfermo, si se va a operar el hijo o la mujer de alguien hay un apoyo, entonces, esos 32 pesos es una miseria, repartimos a la gente que no es dueña de los bosques. Vivimos en una desventaja enorme como Bienes Comunales, si fuéramos dueños de todo el bosque tendríamos dinero para todo, pero no lo tenemos”, explica Hernández.
Por su parte Didier, copropietario de un aserradero privado, defiende el esfuerzo que realizan para poner en pie su proyecto, “no ha sido nada fácil, al principio éramos tres personas, hoy hay empleo para 16 personas que ya no tienen que salir lejos a trabajar. Yo estaba en Estados Unidos, quise volver pero ya no se dio, el aserradero fue la alternativa”.
El aserradero comunitario
Al menos 32 personas trabajan en el aserradero comunitario de Itundujia, el proyecto en el cual se basa la estrategia para posicionar nuevamente a esta población como una de las principales comunidades forestales de Oaxaca.
Eloy, un joven de 26 años, es el coordinador de industria del aserradero. Egresado de la ingeniería en gestión de empresas del Instituto Tecnológico de Oaxaca, fue designado por el comisariado de Bienes Comunales para dirigir esta empresa que produce 12 pies cúbicos de madera diarios, alrededor 3 mil 700 cada año. Su trabajo en el tiempo de aserrío, de octubre a junio, es supervisar las áreas de corte y almacenamiento de los tres tipos de producto que generan: vigas, tabletas y trozos de madera para palo de escoba.
El año próximo, cuando termine el trabajo con las sierras, se encargará de conseguir los mejores precios de compra de madera.
Algunos pobladores, asegura, prefieren vender sus árboles al proyecto comunitario “porque saben que los recursos son para el pueblo” a otros, dice, “les vale”, les venden a quien mejor les pague. Eloy sabe que en su trabajo aquí, “los ojos del pueblo están sobre nosotros” y que al final de su gestión empresarial deberá entregar cuentas.
En este aserradero conviven adolescentes, hombres y mujeres, como doña Rosenda, de 50 años, viuda, quien encontró aquí, junto a su hijo, una buena manera de obtener ingresos. Realizando labores ligeras, las que se destinan a las mujeres, como recoger aserrín o los trozos que sobran de las tablas y que se convierten leña, obtiene recursos suficientes para su subsistencia.
Los sueldos, dependiendo del cargo, van de los 170 a los 360 pesos diarios. En los 14 aserraderos que operan en Itundujia trabajan aproximadamente mil personas.
También hay aquí dudas sin resolver aún, como la forma de operar la estufa de secado que se construyó hace un par de años con una inversión de 30 mil euros. Aunque la venta de madera estufada tiene beneficios inmediatos, como el aumento en su precio y la posibilidad de exportación, las dudas sobre cuánta energía consume y la falta de un operador capacitado, mantiene a este espacio marginado de la producción.
Otro de los proyectos comunitarios del aserradero es la carpintería en la que mujeres elaborarán muebles para su venta. Es un proyecto elaborado con una inversión de un millón de pesos, de los cuales la Comisión Nacional Forestal aportó 700 mil y el resto son del comisariado.
Aurora, ingeniera forestal egresada del tecnológico de la comunidad vecina de San Miguel El Grande, será una de las mujeres que participen en este taller. Hoy, asegura, los tiempos de la crisis, en los que su padre dejó el trabajo en el aserradero para convertirse en campesino y albañil, han pasado y los jóvenes buscan cada vez más concluir los estudios de ingeniería forestal, la más demandada en la zona, porque “falta mucho, hay más proyectos que se pueden generar y hoy ya hay trabajo para los estudiantes”.
