Con el respaldo tres organizaciones, entre ellas la asociación civil Litigio Estratégico Indígena, la indígena chinanteca Reyna Felipe obtuvo un amparo federal para que las autoridades correspondientes declaren la protección de la zona arqueológica El Castillo de Moctezuma, ubicada en San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.
La asociación civil informó que la sentencia “fue dictada por el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, dentro de un juicio promovido por la ciudadana chinanteca ante la falta de una protección jurídica específica para uno de los sitios arqueológicos más importantes de la región” y que está amenazado por el avance de la mancha urbana.
Litigio detalló que el recurso fue promovido con apoyo del Colegio de Abogados de Tuxtepec y de Abogados por la Paz y la Justicia A. C.
“Reyna Felipe acudió a los tribunales al considerar que la omisión de las autoridades vulneraba el derecho de las comunidades indígenas a preservar y disfrutar de su patrimonio cultural. El juicio argumentó que la protección de los vestigios arqueológicos no sólo constituye una obligación del Estado mexicano en materia de conservación histórica, sino también una medida indispensable para salvaguardar la identidad y la memoria de los pueblos originarios”, explicó Litigio Estratégico Indígena.
Antes de este recurso, la asociación civil también ha impulsado otros amparos para conseguir la protección de Guiengola, antigua ciudad zapoteca localizada en las inmediaciones de Santo Domingo Tehuantepec, en la región Istmo. Así como la zona de monumentos arqueológicos conocido como la Pirámide de Contlalco, ubicada en Tlapa de Comonfort, Guerrero, sobre la cual ya hay una sentencia de amparo “que ordenó al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia iniciar las acciones necesarias para que se emita la declaratoria de protección correspondiente”.
Respecto a Guiengola, la asociación civil dijo que “el litigio promovido para su protección actualmente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que analiza el caso y que en breve podría emitir una resolución con implicaciones relevantes para la tutela judicial del patrimonio arqueológico y los derechos culturales de los pueblos indígenas vinculados al sitio.
A través de un comunicado, la abogada Mariana Yáñez Unda, integrante de Litigio Estratégico Indígena A.C., expuso que “los tres casos reflejan una problemática estructural que se repite en distintas regiones del país: sitios arqueológicos reconocidos por su importancia histórica permanecen durante años sin instrumentos jurídicos suficientes para garantizar su conservación, mientras las comunidades observan cómo avanzan procesos de deterioro, expansión urbana o abandono institucional”.
