Como parte de los trabajos para integrar la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por Juan Díaz Carranza, magistrado del Poder Judicial y presidente de la Comisión para la implementación del Código Nacional, Juan Carlos Díaz Carranza para conocer, las necesidades y problemáticas a las que se han enfrentado magistrados y abogados en la justicia formal en las materias civil y familiar.
Para la reunión se convocó a instituciones y colectivos dedicados a la defensa de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para sostener un encuentro de diálogo y análisis.
Este ejercicio de escucha permitió abordar temas fundamentales para una justicia con enfoque intercultural, como la armonización de la justicia formal con los sistemas normativos internos, la necesidad de contar con intérpretes y traductores en todas las lenguas y variantes originarias, así como la importancia de reducir la brecha tecnológica que aún afecta a muchas comunidades del estado.
La Comisión se reconfiguró a inicios de este año por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y tiene como finalidad la implementación del CNPCyF. Está integrada por los magistrados Genoveva Dulce Javier Agustín, Flor de María Arellanes Luna, Elizabeth Roxana López Luna, Amado Gómez Gómez y las juezas, María de Lourdes Hernández Enríquez, Matilde Santos Hernández, Martha Elena Gómez Carreño y Cruz Osvelia Martínez Martínez.
Díaz Carranza reconoció la falta de capacitación en juzgar con perspectiva de interculturalidad. E indicó que, como primer paso, se debe socializar este Código Nacional “difundirlo y darlo a conocer a la sociedad en general, así como realizar ejercicios de escucha a través de acercamiento con diferentes sectores a fin de conocer sus necesidades y problemáticas en tema de justicia actual.”
Recordó que el CNPCyF se expidió el 6 de junio del 2023 como una solución a los problemas de justicia procesal en asuntos de materia civil y familiar. “Su importancia radica en que, homologa los procedimientos, de tal manera que será el mismo juicio en una entidad federativa como en otra”.
NECESARIA CAPACITACIÓN
Explicó que es un código que, en nuestro Estado, aún no está vigente porque su implementación requiere, no solo un esfuerzo de capacitación a personal jurisdiccional y abogados litigantes, sino también precisa de temas presupuestales para rubros de infraestructura, tecnología y equipamientos de salas orales.
Dijo que la norma, por sí sola, no transforma la realidad y respecto a la situación de impartición de justicia para comunidades indígenas: “No es un secreto, que el Poder Judicial del Estado, no cuente con un listado completo de intérpretes y traductores en todas las lenguas originarias, y en todas sus variantes, y no solo oficiales sino tampoco “prácticos”.
Díaz Carranza explicó que “esas no son nuestras únicas carencias, y aquí es donde pedimos de ustedes, como organizaciones y colectivos, ser el puente entre esta Comisión y las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, para conocer las barreras y problemáticas que enfrentan cuando han tenido la necesidad de acudir a la justicia formal en las materias civil y familiar, que son respecto de las cuales nosotros tenemos el compromiso, como Comisión, de ir mejorando”.
Dijo que la a construcción de una justicia intercultural exige escuchar, aprender y, cuando sea necesario, replantear nuestras propias prácticas.
“Ese es el reto y también la oportunidad de construir algo distinto: una justicia que no se imponga, sino que dialogue, que incluya, que sea cercana y comprensible”, indicó al inicial los trabajos con abogados, organizaciones, representaciones sociales.
