A un año de haber sido localizada sin vida, el caso de Sandra Estéfana Domínguez Martínez, abogada ayuuk y defensora de derechos humanos, continúa sin resolverse. Su desaparición ocurrió el 4 de octubre de 2024 y su cuerpo fue hallado el 24 de abril de 2025, tras meses de búsqueda marcados por la incertidumbre.
Su muerte no solo significó la pérdida de una defensora, sino que evidenció los riesgos que enfrentan las mujeres indígenas que denuncian violencias estructurales.
UNA VOZ INCÓMODA PARA EL PODER
Sandra Domínguez había denunciado públicamente prácticas de violencia digital y de género. En marzo de 2020, alertó que su imagen estaba siendo utilizada sin consentimiento en un chat de contenido sexual donde, según expuso, participaban funcionarios públicos.
En ese espacio —denunció— se compartían imágenes íntimas de mujeres, en su mayoría indígenas mixes. Lo que configuraba una forma de violencia y cosificación sistemática.
Posteriormente, también presentó denuncias por amenazas contra uno de los señalados, Donato “N”, a quien identificó como participante de estos grupos.
ACOMPAÑAMIENTO Y DENUNCIA
La abogada no solo denunció por cuenta propia. En 2023, acompañó a la Diputada Federal Martha Aracely Cruz Jiménez al realizar denuncia por violencia familiar contra el mismo funcionario, ampliando así el contexto de acusaciones en su contra.
Diversos señalamientos públicos lo vinculan además con otras posibles conductas delictivas, aunque estos no han sido judicializados.
RESPUESTAS OFICIALES BAJO CUESTIÓN
En su momento, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, desestimó los señalamientos, calificándolos como personales y sin sustento suficiente.
Estas declaraciones generaron críticas, al considerar que minimizaban denuncias relacionadas con violencia contra mujeres, particularmente en contextos indígenas.
IMPUNIDAD QUE PERSISTE
A pesar de la gravedad del caso y de su relevancia pública, el feminicidio de Sandra Domínguez permanece impune. No hay sentencias ni responsables procesados, lo que refuerza la percepción de falta de justicia en crímenes contra defensoras de derechos humanos.
El caso se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad en la que operan mujeres que denuncian abusos de poder. Así como de las fallas institucionales para garantizar su protección.
MEMORIA Y EXIGENCIA DE JUSTICIA
A un año de su muerte, colectivos y voces sociales continúan exigiendo justicia, recordando que su labor estaba enfocada en la defensa de la dignidad de mujeres indígenas.
Finalmente, el caso de Sandra Domínguez no solo interpela a las autoridades, sino que abre un debate más amplio sobre la violencia, la impunidad y la protección a defensoras en México.
