- 23 organizaciones civiles han documentado en Oaxaca un escenario de violencia letal vinculada a megaproyectos y control territorial
- 26 casos oficiales registrados por el Estado sobre asesinatos de defensores
- 32 asesinatos contabilizados por organizaciones civiles
Opuesto o divergente al discurso oficial, 23 organizaciones civiles han documentado en Oaxaca un escenario de violencia letal vinculada a megaproyectos y control territorial a través del informe, ¿Avanza o no, el respeto a los derechos humanos en Oaxaca? donde dan cuenta de subregistros para “reclasificar la violencia política como criminalidad ordinaria”, lo cual no es un error.
Las organizaciones lamentan la crisis de derechos humanos en Oaxaca, la cual ha entrado en una fase de confrontación de narrativas. Por un lado, el aparato gubernamental sostiene una defensa estadística de su gestión; por el otro, señalan que esto no es un error de registro, sino el resultado de una maquinaria institucional diseñada para reclasificar los asesinatos.
EL “MÓVIL DEL CRIMEN” COMO BARRERA DE JUSTICIA
La piedra angular del discurso oficial reside en la estricta condicionalidad para reconocer un ataque como una agresión al activismo. Flor Estela Morales Hernández, titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, ha sido tajante al señalar que la numeralia de la sociedad civil carece de rigor técnico:
“Estos datos no tienen ningún sustento […] podríamos revisar que son datos falsos. Para afirmar que una persona defensora fue asesinada por su labor, tienen que haber dos premisas: que la víctima haya ejercido efectivamente labores de defensa y que la investigación determine que el móvil del crimen está vinculado a esa actividad”.
Sin embargo, esta postura invierte la carga de la prueba y contraviene el principio de Debida Diligencia. Según los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado no debe esperar a que el móvil “aparezca” en la investigación, sino que debe presumirlo de origen.
“La falta de una investigación exhaustiva sobre todas las posibles líneas de investigación, incluida la relación con la labor de defensa, contribuye a la impunidad y envía un mensaje de permisividad”, detalla el informe de la CIDH sobre la Situación de Personas Defensoras en México.
EL CALVARIO BUROCRÁTICO Y LA FÁBRICA DE CIFRAS NEGRAS
Más allá de la reclasificación de delitos, existe un fenómeno de invisibilización previo: la cifra negra derivada del sistema ministerial. Defensores y periodistas enfrentan un calvario burocrático que desincentiva la denuncia formal. El proceso ante los Ministerios Públicos suele estar marcado por la revictimización, la lentitud administrativa y, en ocasiones, la colusión de las autoridades locales con los propios agresores.
Esta “barrera de entrada” a la justicia convierte la denuncia en un acto tedioso y riesgoso. Ante el temor a represalias y la falta de protocolos de atención con enfoque de derechos humanos, muchos activistas optan por el silencio. Para las organizaciones civiles, este subregistro no es una omisión accidental, sino una consecuencia directa de la inacción institucional que permite al Estado reportar una baja incidencia delictiva basada en el agotamiento físico y emocional de las víctimas, quienes prefieren no denunciar ante un sistema que los ignora o los criminaliza.
LA FALACIA DE LA AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA
Para los defensores de los derechos humanos un factor determinante en la “limpieza” de las cifras oficiales es la actuación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Aunque legalmente autónoma, su dependencia presupuestaria y política del Ejecutivo influye en la tipificación de los delitos. En casos de alto impacto, la Fiscalía suele priorizar líneas de investigación que apuntan a “conflictos personales” o “riñas agrarias”, desvinculando el crimen del activismo del defensor.
“La tendencia de las fiscalías estatales a clasificar las agresiones contra personas defensoras como delitos comunes, conflictos personales o riñas, sin considerar su labor de defensa, es una estrategia de invisibilización que obstaculiza el acceso a la justicia y distorsiona las estadísticas de violencia en el país”, señala el informe ‘Pase de Lista’, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas.
Por su parte, la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refiere que, “la autonomía de las fiscalías estatales en México sigue siendo una aspiración legal más que una realidad institucional. La presión política y la dependencia presupuestaria suelen derivar en investigaciones que evitan señalar causas estructurales de violencia, especialmente en casos que involucran intereses de megaproyectos o actores estatales”.
Esta práctica despoja a crímenes como el de Nazaret, comisariada en San Pedro Totolápam, de su dimensión de ataque sistémico. Al procesar su asesinato bajo protocolos generales y no bajo el Protocolo de Minnesota (específico para muertes potencialmente ilícitas por agentes del Estado o por su labor pública), la Fiscalía garantiza que el caso no alimente las estadísticas de violencia política que incomodan al Ejecutivo.
Al respecto, “en las investigaciones de delitos contra personas defensoras, persiste la omisión de un análisis de contexto que permita identificar si el móvil está vinculado con su labor. Esta falta de debida diligencia resulta en la impunidad de los autores intelectuales y en la minimización del riesgo político que enfrentan estas personas”, detalla la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), México.
LA BRECHA ENTRE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Bajo los estándares de la ONU-DH y la CIDH, la eficacia de una política de derechos humanos no se mide por la disminución de expedientes abiertos, sino por la desarticulación de las causas que originan el riesgo.
El panorama en Oaxaca revela una contradicción técnica: mientras el presupuesto se concentra en la gestión administrativa de amenazas (botones de pánico o escoltas), los índices de impunidad permanecen estáticos.
Esta dinámica sugiere que el Estado opera como un paliativo físico que no detiene el ciclo de violencia, dado que la ausencia de sentencias permite que las estructuras de agresión permanezcan intactas.
La discrepancia entre los 26 casos oficiales y los 32 asesinatos civiles no representa un conflicto de inventarios, sino una divergencia en la aplicación de protocolos. Al priorizar la reclasificación de ataques como “delitos comunes”, el Estado reduce su responsabilidad política en la estadística, pero profundiza la desprotección en el terreno.
Como señala la ONU, descalificar los registros de la sociedad civil constituye una forma de estigmatización que “incrementa el riesgo de los defensores al poner en duda la legitimidad de sus denuncias”.
En última instancia, mientras la narrativa de pacificación institucional se sustente en el descarte metodológico de las víctimas y no en la resolución judicial de sus tragedias, la gestión gubernamental seguirá siendo un obstáculo para la verdad. La justicia para figuras como Nazaret o los hermanos Procopio no depende de “acciones urgentes” de acompañamiento, sino de un sistema que deje de considerar el activismo como un atenuante de la criminalidad ordinaria.
EL DATO
La eficacia de una política de derechos humanos no se mide por la disminución de expedientes abiertos, sino por la desarticulación de las causas que originan el riesgo.
Esta dinámica sugiere que el Estado opera como un paliativo físico que no detiene el ciclo de violencia, dado que la ausencia de sentencias permite que las estructuras de agresión permanezcan intactas.
A DETALLE
Para las organizaciones civiles, este subregistro no es una omisión accidental, sino una consecuencia directa de la inacción institucional que permite al Estado reportar una baja incidencia delictiva basada en el agotamiento físico y emocional de las víctimas, quienes prefieren no denunciar ante un sistema que los ignora o los criminaliza.
Defensores y periodistas enfrentan un calvario burocrático que desincentiva la denuncia formal. El proceso ante los Ministerios Públicos suele estar marcado por la revictimización, la lentitud administrativa y, en ocasiones, la colusión de las autoridades locales con los propios agresores.
