En Oaxaca continúan registrándose violaciones sistemáticas a los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de derechos humanos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad y comunidades afectadas por megaproyectos.
El informe fue presentado por la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO), integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil y corresponde a una actualización respeto a la situación de los derechos humanos en el estado,
Entre los hechos documentados por la organización se encuentran agresiones, desplazamientos forzados, feminicidios, desapariciones, violencia institucional, omisiones en servicios de salud, criminalización de la defensa de derechos y falta de atención integral a poblaciones históricamente discriminadas.
Al respecto, el gobierno de Oaxaca, a través del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, descalificó el informe.
El documento de los activistas concluyó que en el gobierno morenista de Salomón Jara Cruz existe un retroceso en el respeto a los Derechos Humanos al documentar 32 defensores asesinados y 166 hechos conflictivos.
El documento indica que hay un “peligroso riesgo de que siga escalando en asesinatos y criminalización de defensores, represión de la protesta social, agresiones a opositores, amenazas a comunidades indígenas en resistencia o desplazamientos forzados”, en respuesta, el funcionario jarista indicó que es “subjetiva” esa información.
De acuerdo con las organizaciones, estos casos reflejan no hechos aislados, sino patrones estructurales de exclusión, discriminación, violencia e impunidad.
Romero López lamentó “la falta de seriedad y profesionalismo de las organizaciones que suscriben dicho documento”.
Incluso señaló que “este posicionamiento es por dinero; la búsqueda de recursos económicos no puede sostenerse en datos falsos ni en construcciones mediáticas que recurran a la invención de cifras sobre asesinatos de personas”.
Las organizaciones hicieron un llamado urgente a los poderes del Estado y a los organismos autónomos para asumir su responsabilidad y avanzar hacia una política pública centrada en la dignidad, la justicia social y la protección integral de los derechos humanos en Oaxaca.
