Una reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha marcado un precedente fundamental en materia laboral y de amparo. El máximo tribunal determinó que es procedente la suspensión provisional de los descuentos salariales por créditos Infonavit durante los periodos de ausencias o incapacidades de los trabajadores, terminando con una carga económica considerada desproporcionada.
EL FALLO DE LA SCJN: UN RESPIRO PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES
Tras una revisión profunda del Artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Corte concluyó que exigir estos descuentos durante una incapacidad carece de una base salarial real.
Anteriormente, la normativa obligaba al patrón a realizar retenciones sobre ingresos que él mismo no administraba (ya que durante la incapacidad el recurso proviene del IMSS), lo que generaba un riesgo financiero y falta de certeza jurídica para ambas partes.
¿LA SUSPENSIÓN ES AUTOMÁTICA? REQUISITOS CLAVE
Es fundamental entender que este beneficio no es automático. Para que un tribunal conceda la suspensión de los descuentos, se deben cumplir condiciones estrictas basadas en la Ley de Amparo (vigente hasta el 16 de octubre de 2025):
- Garantía Económica: La parte patronal debe ofrecer una garantía suficiente que asegure el cumplimiento de las obligaciones ante el Infonavit.
- Fundamento Legal: La solicitud debe realizarse bajo el procedimiento establecido en el Artículo 135 de la Ley de Amparo.
- Cumplimiento con el IMSS: Mientras dure la suspensión de los descuentos de vivienda, el empleador mantiene la obligación de liquidar las aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dato Clave: Sin el respaldo económico (garantía), la suspensión no puede ser solicitada, evitando que esta medida se convierta en una simple postergación de obligaciones sin sustento.
¿POR QUÉ SE CONSIDERABA UNA CARGA DESPROPORCIONADA?
Antes de este criterio, la práctica empresarial se enfrentaba a una “misión imposible”: descontar de un salario que el trabajador no estaba percibiendo por parte de la empresa debido a su estado de salud.
La SCJN resolvió la controversia al analizar el impacto de exigir descuentos sobre ingresos ajenos a la administración del patrón. Con esta resolución, se busca fortalecer:
- Certeza jurídica para las empresas.
- Proporcionalidad en las cargas fiscales y de seguridad social.
- Seguridad económica para el trabajador incapacitado.
MARCO LEGAL APLICABLE
Este criterio se apoya en los Artículos 138 y 148 de la Ley de Amparo, estableciendo una ruta clara para que los patrones puedan proteger el flujo operativo sin desproteger los derechos de vivienda del trabajador a largo plazo.
