De acuerdo con la información presentada ante la Fiscalía Local de San Pedro Pochutla, el incidente ocurrió el 22 de febrero de 2026, cuando un cuentahabiente realizaba una operación en el cajero automático de Banamex ubicado dentro de la tienda.
Según el reporte, dos personas se acercaron al usuario mientras utilizaba el cajero, lo distrajeron durante la operación y aprovecharon el momento para cambiarle su tarjeta bancaria, un método de fraude que suele utilizarse en cajeros automáticos.
Ante estos hechos, la Fiscalía solicitó a la empresa las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el área del cajero automático, correspondientes al periodo de 11:30 a 12:30 horas de ese día, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.
Sin embargo, en un documento firmado por Luz María Martínez García, apoderada legal de Tiendas Chedraui S.A. de C.V., se informó al Ministerio Público que la empresa se encuentra imposibilitada para proporcionar las videograbaciones requeridas, argumentando que las cámaras no se encontraban en funcionamiento.
Preocupación por seguridad de los clientes
La situación ha generado inquietud entre usuarios, ya que el área del cajero automático se encuentra dentro de una tienda de alta afluencia, donde diariamente acuden clientes a realizar compras, retirar efectivo o efectuar operaciones bancarias.
Las cámaras de videovigilancia forman parte de los mecanismos básicos de seguridad en establecimientos comerciales, pues permiten documentar incidentes y apoyar investigaciones en caso de robos, fraudes o agresiones dentro de las instalaciones.
Inconsistencia en el mismo documento
Además, el propio documento presenta una inconsistencia en su redacción.
Mientras en el cuerpo del escrito la empresa afirma que no puede proporcionar las grabaciones debido a que las cámaras no estaban funcionando, en el apartado de peticiones se solicita al Ministerio Público:
“Se me tenga exhibiendo las imágenes de las cámaras de seguridad de mi representada, en el formato que mi representada maneja.”
Es decir, primero se señala que no existen videograbaciones disponibles, pero posteriormente se pide que se tengan por exhibidas las imágenes de las cámaras, lo que ha generado cuestionamientos sobre la coherencia del documento.
Investigación en curso
Será la Fiscalía Local de San Pedro Pochutla la encargada de determinar si el escrito cumple con el requerimiento realizado o si se solicitará una aclaración adicional a la empresa respecto al funcionamiento de su sistema de videovigilancia.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible para la población: la seguridad dentro de espacios comerciales donde diariamente acuden familias y usuarios a realizar operaciones financieras.
