De nueva cuenta fue una reacción tardía. Luego de casi 24 horas de permanecer retenido, la comunidad de Santa María Chimalapa, en el Istmo de Tehuantepec, liberó al procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera, quizá el funcionario de mayor rango detenido por una comunidad oaxaqueña en los últimos años.
El procurador agrario nacional fue retenido junto con otros dos funcionarios estatales la tarde del lunes 2 de marzo, alrededor de las 16:00 horas, en la cabecera municipal. La semana previa la asamblea de comuneros de Santa María Chimalapa había rechazado la sentencia del Tribunal Superior Agrario (TSA), en la que se ordena ceder al ejido chiapaneco de Canaán dos mil 651 hectáreas, a cambio de una indemnización a la comunidad zoque.
Los comuneros indicaron que de ninguna manera y por ningún precio aceptarán el despojo de sus tierras, selvas, bosques y ríos.
Los comuneros se vieron obligados a acudir al Tribunal Superior Agrario (TSA), el cual resolvió el 18 de febrero pasado, con tres votos a favor y dos en contra, confirmar la sentencia a favor del ejido Canaán.
El domingo se realizó una asamblea comunitaria en Santa María Chimalapas con presencia del funcionario federal pero ignorada por la alta burocracia del gobierno del estado, a pesar de la irritación generada por la resolución en contra de los oaxaqueños, de tal suerte que la comunidad zoque decidió la retención del procurador agrario, Suárez Carrera, ese mismo domingo decidieron que no iban a dialogar con autoridad estatal alguna.
Las autoridades de Chimalapas sostienen que el fallo desconoce sus derechos agrarios e indígenas, así como la resolución emitida en noviembre de 2021 por la SCJN, que resolvió el conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas a favor de Oaxaca y de los Chimalapas.
Mediante una ficha informativa, y más de 22 horas después, el gobierno de Oaxaca informó que fue liberado el procurador Agrario y se reconoció que fue la asamblea de comuneros de Santa María Chimalapa la que decidió la retención.
Se aseguró que, para negociar, se debió acudir a la coordinación de delegados de Paz Social, para buscar una mesa de diálogo con autoridades federales en la ciudad de México y los comuneros istmeños.
La secretaría de gobierno no informó sobre lo ofrecido y los acuerdos que pactaron para alcanzar la liberación del funcionario federal; según Sego, el procurador Agrario ingresó al municipio de Santa María Chimalapa para exponer y proponer una ruta jurídica al tema de controversia que se mantiene con el estado de Chiapas, derivado de la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario con sede en Tuxtepec.
Sin embargo, la Sego no explica la razón porque el funcionario no fue acompañado por la burocracia estatal de alto nivel ni aclaró en torno a los compromisos y acuerdos alcanzados este martes, y mucho menos las razones jurídicas o los próximos pasos respecto a la resolución a favor de los municipios chiapanecos, que es eje de las inconformidades.
Los inconformes exigían establecer una mesa de diálogo con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo luego de la resolución que implicaba la entrega de 2 mil 651 hectáreas correspondientes al núcleo Canaán, con una indemnización “en especie” para la comunidad zoque.
