Conflictos agrarios, políticos y sociales emergen en territorio oaxaqueño
El trabajo de la Segego en la solución de problemas relacionados con política interior en el estado, se ha quedado corto respecto al número de conflictos y problemáticas que emergen en el territorio
Con 330 conflictos agrarios activos, además de líos sociales y políticos, este viernes comparece del titular de la Secretaría General de Gobierno (Segego) ante el Congreso Local.
Al hacer un recuento, Oaxaca contabiliza 330 conflictos agrarios, de los cuales, 27 estaban clasificados como de “alto riesgo”, además de varios problemas religiosos y muertes que se enmarcaron en el año pasado entorno a estos temas.
Un reporte hasta septiembre de 2019 mostraba una lista de 333 líos entre comunidades por temas agrarios.
Según un recuento de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, en 92 casos se requiere de constante monitoreo por riesgo y violencia entre campesinos y alternación del orden.
En tanto, en lo que va de la administración actual se han solucionado 34 y se tienen en proyecto de convenio 56 asuntos más, según se informó por el lado de la parte oficial.
En la comparecencia del 2018, la Secretaría General de Gobierno, reportó 30 conflictos de alto riesgo, 60 de mediano riesgo y 266 de bajo riesgo.
De las personas muertas en el 2019, por hechos derivados, posiblemente de los conflictos agrarios se contabilizan unos 17 decesos, 20 lesionados y 7 desparecidos, hasta septiembre del año pasado, según registro de las notas periodísticas.
El 14 de enero se registró un enfrentamiento entre Santos Reyes Zochiquilazola contra San Martín Peras en la Mixteca, que dejó un saldo de 3 muertos, 3 lesionados.
Mientras tanto, el 20 de enero, de un conflicto agrario en Cerro Caliente, Santiago Jocotepec en la región de la Costa registró un desaparecido.
Para el 21 de enero, el lío entre Zimatlán de Lázaro Cárdenas y Nopalera dejó 1 muerto.
El 23 de marzo, un hecho vinculado con el lío entre San Miguel del Puerto contra Huatulco dejó 7 lesionados; 2 muertos, dejó en abril un enfrentamiento entre San Juan Lalana y San Juan Jaltepec.
El 5 de junio en San Juan Mixtepec, contra Yosoñama dejó dos muertos y 1 lesionado y para el 10 de junio, un conflicto en San Juan Bosco Chuxnabán y San Miguel Quetzaltepec dejó 3 muertos y 3 lesionados. En la misma zona en septiembre se presentaron otros 2 muertos y 5 lesionados.
El 12 de julio en conflicto entre Coicoyán de las Flores contra Jicayán de Tovar, Guerrero, una persona murió.
Además, en estimaciones de grupos que llevan seguimiento de los casos, en dos años del actual gobierno, son 60 muertos relacionados con líos agrarios, además de los que han dejado los enfrentamientos por conflictos políticos y sociales.
Uno de los conflictos, que también ha dejado diversas agresiones es el que protagonizan las comunidades de Santiago Yaitepec y Santa Catarina Juquila, quienes en noviembre y diciembre del año pasado encabezaron confrontaciones por El Pedimento.
Mientras tanto, en el tema de los conflictos religiosos se han registrado casos de intolerancia con abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, imposición de multas, así como arrestos y negativa a los servicios básicos para las personas que no profesan la religión católica, reconoció la propia Secretaría General de Gobierno.
Las regiones donde se han dado los casos corresponden a Ixtlán de Juárez, la Cañada, Sierra Sur entre otros.
En lo que se refiere a los conflictos sociales, uno es el que se ha mantenido pese a las mesas de diálogo en Segego, es el de Santa María del Mar con sus vecinos de San Mateo del Mar.
Para el presidente del Colegio de Abogados en Materia Agraria, Carlos Moreno Derbez, es necesario cambiar la política pública para evitar ser reactivos y tener mecanismos preventivos.
“Se requiere revisar y restructurar a las dependencias estatales y reestablecer la relación con las dependencias federales para compatibilizar la norma federal con las estrategias derivadas de la política estatal”, expresó.
Para el ex funcionario, existe una mesa interinstitucional que es muy útil pero que requiere de mejor operación concretando las respuestas conjuntas.
DESPLAZADOS POR SU RELIGIÓN
En nuestro estado existen por lo menos 12 conflictos activos por intolerancia religiosa en igual número de comunidades, donde se han detectado amenazas, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, imposiciones de multas, arrestos y la negativa de proporcionar servicios indispensables.
Líderes agobiados aseguran que en muchos poblados se hostiga y se ordena el destierro de los fieles de una misión evangélica, junto con sus familias a quienes se les suspenden sus derechos como ciudadanos, a pesar de cumplir con las ordenanzas de la asamblea y el tequio comunitario y el pago de impuestos que exige la norma regida bajo el régimen de usos y costumbres.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) afirmó que el Estado mexicano tiene el deber de garantizar la libre manifestación y ejercicio de conciencia y de religión.
Bernardo Rodríguez Alamilla dijo que ya sea de manera individual y colectiva, tanto en público como en privado, toda vez que se trata de un derecho inherente a cada individuo, cuyo principio radica en su dignidad y en su consecuente autodeterminación como persona.
A pesar de los avances en materia de derechos humanos en nuestro país, el fenómeno de intolerancia religiosa va en aumento y cobra vidas, principalmente en zonas rurales e indígenas.
El titular de la de la DDHPO precisó que la libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión.
De no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de un Dios y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza.
Es reconocida por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
De acuerdo con registros oficiales, las autoridades señaladas de intolerancia religiosa han sido los de la agencia municipal del Sabinillo, Santo Domingo Tonalá, en la región Mixteca.
La Agencia Municipal de Santiago Teotlasco, perteneciente a Ixtlán de Juárez, el Ayuntamiento de San Juan Bautista Cuicatlán, de la región Cañada, la Agencia Municipal de La Palma, Ixtlán de Juárez, en la Sierra Norte.
La autoridad municipal de San Andrés Yaa, Villa Alta, el Ayuntamiento de Santa María Yohueche, pertenciente a Yatzachi El Bajo, Villa Alta y la autoridad municipal de San Juan Ozolotepec en la Sierra Sur.
CATÓLICOS SON MAYORÍA; CRECEN OTRAS RELIGIONES
La religión católica sigue siendo mayoría con alrededor de 3 millones 64 mil oaxaqueños, a pesar de que en los últimos años las iglesias evangélicas registran mayor crecimiento en nuestro estado.
Tras el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en Oaxaca se contabilizaron 3 millones 801 mil 962 personas, de las cuales 1 millón 982 mil 954 eran mujeres y 1 millón 819 mil 008 hombres.
Los que se declararon católicos representaban el 81.3 % de la población de 5 años y más; los protestantes o evangélicos, 10.6%, otras religiones 2.9% y el 4.3% declaró no tener ninguna religión.
El jurista José Aarón Hernández dijo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en su Artículo 24 la libertad religiosa de las personas.
Lo cual significa que cualquier individuo puede profesar la creencia religiosa de su elección y practicar el culto respectivo con la única limitación de no contravenir las leyes vigentes.
Por su parte, el artículo 1 prohíbe toda forma de discriminación motivada por la religión o por cualquier otra causa que afecte los derechos y libertades de los mexicanos, de ahí la relevancia de conocer la situación de la diversidad religiosa que guarda el país.
Indicó que el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que: “Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”.
Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencias, y la libertad, ya sea solo o en comunidad con otros y en público o privado, de manifestar su religión o creencia en enseñanza, práctica, culto y observancia.
Algunos de los artículos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que contienen libertades fundamentales se han convertido en convenciones internacionales, es decir, tratados legalmente vinculantes, ponderó.
En el estado existen diferentes religiones como Pentecostal, Anabautista o Menonita, Bautista, Iglesia del Nazareno, Metodista, Presbiteriana, Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo.
Así como Adventistas del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones), Testigos de Jehová; religiones de origen oriental, judaica, islámica, de raíces étnicas, y espiritualista.
El segundo grupo más grande después del católico es el de “sin religión” con una población de 169 mil 566 personas.
La Pentecostal con 167mil 409 miembros. Los Testigos de Jehová con una población de 58 mil 222 con más adeptos, y en cuarto lugar se encuentra la Iglesia Adventista del Séptimo Día con 34 mil 101 integrantes.
El INEGI informó que Guanajuato es el estado con mayor población católica en el país, con 93.8 por ciento. En segundo lugar aparece Zacatecas y en tercero Aguascalientes, con 93.4 por ciento y 93 por ciento, respectivamente.
De la población total del país, 82.7 por ciento son católicos, 9.9 por ciento reconocen una religión diferente y 4.7 por ciento no siguen religión alguna.
En tanto, los estados con la más alta concentración de población con religión diferente a la católica son Chiapas con 27.4 por ciento; Tabasco con 24 por ciento y Campeche con 21.1 por ciento. Los estados con mayor porcentaje de población sin religión son Quintana Roo, con 13.4 por ciento, y Chiapas, con 12.1 por ciento.
De los 6.9 millones de hablantes de lengua indígena en el país, 75.9 por ciento son católicos, y 17.5% declaran una religión diferente.
